La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha evitado por ahora ser investigada en el marco del ‘caso Koldo’ después de que hoy, miércoles, el magistrado Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, rechazara la solicitud de dos acusaciones populares para citar a Armengol como investigada en relación con los contratos sanitarios adjudicados durante su mandato como presidenta de las Islas Baleares.
En el auto judicial emitido, el magistrado fundamenta el rechazo a la petición de investigar a Armengol en su condición de aforada, una protección que le otorga su cargo actual como presidenta del Congreso y que implica que cualquier investigación penal contra ella debe tramitarse directamente en el Tribunal Supremo. En este sentido, Moreno recuerda que “carece de competencia” para tomar una decisión sobre la citación de Armengol, cuya investigación, de ser procedente, recaería exclusivamente en el alto tribunal.
Asimismo, el juez Moreno denegó la imputación de otros antiguos altos cargos de la administración de Baleares, como la exconsejera de Salud, Patricia Gómez Picard; el exsubdirector de Compras y Logística de Salud, Antonio Mascaró Crespí; y los exdirectores generales del Servicio de Salud, Juli Fuster Culebras y Manuel Palomino Chacón. A este respecto, el auto destaca que “no se dispone de un mínimo soporte probatorio” que justifique la imputación de estas personas, aunque deja abierta la posibilidad de futuras diligencias si el avance de la investigación revela nuevos elementos que así lo justifiquen.
En este sentido, el magistrado subraya que no se tienen suficientes indicios de la participación de Armengol y del resto de exfuncionarios en la supuesta red de comisiones ilegales, a pesar de que la solicitud de investigación se basa en informes recientes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que identifican vínculos entre un contrato de 3,7 millones de euros adjudicado a la empresa instrumental Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y el empresario y comisionista de la trama Víctor Aldama.
Además, el juez sostiene que rechazó la solicitud para incautar documentación adicional y correos electrónicos entre miembros de la administración balear y representantes de la empresa Eurofins Megalab. Una documentación que se sumaría a la solicitada el pasado 30 de septiembre al Servicio de Salud de Baleares sobre los contratos adjudicados a la empresa instrumental Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, clave en el suministro de mascarillas FFP2 y pruebas PCR en Baleares.
A este respecto, el magistrado aseguró que los documentos solicitados en torno a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL ya están siendo recopilados y revisados como parte de un análisis más amplio, destacando que la Audiencia Nacional está a la espera de un informe policial detallado que será determinante para valorar si se realizan o no nuevas diligencias en el futuro. De modo que, de momento, Moreno considera innecesario autorizar nuevas incautaciones de material relacionado con esta fase de la investigación.
Los contactos entre Koldo García, Armengol y otros altos cargos autonómicos
Aunque el juez considere las pruebas contra la presidenta del Congreso como insuficientes, las investigaciones realizadas hasta ahora reflejan una relación muy cercana entre Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, y Francina Armengol. En este sentido, la UCO asegura que García mantenía una comunicación directa con Armengol para informarle sobre los avances de ciertos contratos, tal y como se observa en uno de los mensajes revelados en el que García le escribe a Armengol: “Vale cariño, te mantengo informada”.
Además, la investigación indica que la exmandataria balear es tan solo uno de los nombres en la larga lista de altos cargos socialistas con los que García contactó, incluidos el entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, y la expresidenta de La Rioja, Concepción Andreu. Una serie de contactos y comunicaciones que apuntan a una amplia red de influencias utilizada para conseguir adjudicaciones a favor de proveedores vinculados a De Aldama.
De modo que, de momento, el caso de Armengol se encuentra a la espera de un posible traslado al Tribunal Supremo, al igual que el del exministro José Luis Ábalos, ya que la Audiencia Nacional ha solicitado al alto tribunal que valore la posible imputación de Ábalos en la trama de comisiones. Se trata, por tanto, de un procedimiento judicial en pleno desarrollo, con ciertos límites vinculados a la instrucción del juez Moreno, lo cual ocasiona que cualquier futura diligencia sobre Armengol deba resolverse en el Supremo.
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