La situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, se vuelve aún más complicada con la ampliación de la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado. Tras admitir una querella de la organización Hazte Oír, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha hecho público un auto en el que establece que existen suficientes indicios para imputar a Gómez por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional. Ambos delitos relacionados con el software desarrollado en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que Gómez codirigió hasta hace unas semanas.
En este sentido, el juez Peinado subraya que Gómez podría haber incurrido en un delito de apropiación indebida al registrar a su nombre el software financiado por empresas privadas como Fundación La Caixa y Reale Seguros, cuando, en realidad, la titularidad o propiedad de este programa debería corresponder a la Universidad Complutense, que es la institución para la cual se desarrolló y donde debía permanecer el uso exclusivo de este recurso como parte de las actividades académicas y de investigación universitaria.
Por su parte, en relación con el delito de intrusismo profesional, el juez señala que Gómez habría elaborado unos pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de la plataforma tecnológica sin contar con la formación correspondiente. “No ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente”, afirma el auto en referencia a la carencia de capacitación técnica por parte de Gómez que lleva al juez Peinado a incluir el delito de intrusismo, tipificado en el Código Penal con penas de prisión de hasta tres años.
Estas acusaciones se suman a los cargos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que ya investigaba el magistrado desde hace algunos meses, acumulando denuncias en torno a Gómez que podrían conllevar penas de hasta once años de cárcel. De modo que, la esposa del presidente Pedro Sánchez deberá comparecer el próximo 18 de noviembre, en calidad de investigada, para esclarecer su rol en el desarrollo y registro del software.
El Gobierno defiende la inocencia de Begoña Gómez
Desde el ámbito político, las reacciones no han tardado en llegar. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reiteró la inocencia de Gómez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, señalando que “cuanto más se investiga, más se demuestra que no hay nada de nada”. En este sentido, Bolaños sostuvo que el Ejecutivo respeta plenamente las decisiones judiciales, aunque, en su opinión, “todos los testimonios y todos los informes que obran en la instrucción ponen de manifiesto que no hay nada”.
Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, instó a Sánchez a dar explicaciones, alegando que “no hay kilómetros de distancia que pueda poner por medio Pedro Sánchez para que la corrupción que ya le acorrala desde el punto de vista político (…) siga avanzando”. Asimismo, Gamarra enfatizó en la necesidad de transparencia por parte del Ejecutivo, remarcando que “se investiga por primera vez en la historia de la democracia a la mujer de un presidente del Gobierno” por presuntos delitos que afectan directamente su reputación y la del entorno presidencial.
Investigaciones paralelas y posibles complicaciones
Además de la investigación en torno a la figura de Begoña Gómez, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, también se enfrenta a un proceso judicial vinculado a la creación de la cátedra de Gómez y a un supuesto tráfico de influencias, al igual que el empresario Juan Carlos Barrabés, antiguo profesor en la cátedra de Gómez, que está siendo investigado por presunta corrupción en los negocios mediante unos contratos obtenidos por su empresa a través de ayudas públicas. Dos investigaciones paralelas vinculadas a la trama que podrían revelar datos agravantes para la situación de la esposa del presidente.
No obstante, pese a las investigaciones que recaen sobre Goyache y Barrabés, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado indicios de irregularidades en las concesiones, descartando cualquier influencia indebida de Gómez en la adjudicación de estos contratos. En este sentido, el informe asegura que el aval otorgado por Gómez a Barrabés no afectó la puntuación en el proceso de licitación, de modo que, la oferta de la UTE del empresario sería el único motivo por el que obtuvo la mejor calificación en ese concurso.
Implicaciones políticas en juego
Entre ataques y contraataques judiciales, hasta el momento la defensa de Gómez sigue apoyándose en unos correos de la propia universidad que, supuestamente, prueban que la esposa del presidente actuó conforme a las directrices institucionales.
No obstante, a medida que las diligencias se acumulan y las declaraciones en torno al proceso se polarizan, el Gobierno se ve involucrado en un escenario que, más allá del ámbito judicial, podría tener repercusiones significativas sobre la continuidad del Ejecutivo liderado por el presidente Pedro Sánchez.