La Guardia Civil ha procedido hoy a registrar el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por orden del Tribunal Supremo, en el marco de una investigación por un presunto delito de revelación de secretos. Los agentes han intervenido en busca de documentos, dispositivos móviles y correos electrónicos relacionados con una investigación que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según el auto judicial, la medida pretende evitar la destrucción de información relevante para el proceso.
El registro, dirigido por el magistrado del Supremo Ángel Luis Hurtado, ha comenzado a las 10.00 horas y se prolongará hasta completar la incautación de los elementos solicitados. Entre los efectos intervenidos se incluyen teléfonos móviles y otros dispositivos informáticos que puedan contener datos sobre las presuntas filtraciones. Además, el juez ha autorizado el acceso a las cuentas de correo electrónico y redes sociales del fiscal, limitando la búsqueda a comunicaciones desde el pasado mes de marzo hasta la fecha actual.
Notificación de defensa y representación legal
El juez ha solicitado a García Ortiz que designe abogado y procurador, tras abrirse un procedimiento penal en su contra hace dos semanas. Este emplazamiento se realiza para garantizar el derecho de defensa y evitar posibles situaciones de indefensión. Según fuentes fiscales, la Abogacía del Estado asumirá la defensa del fiscal general en este procedimiento, lo que podría marcar un hito en la representación de altos cargos públicos ante el Supremo.
Diligencias adicionales y pronunciamiento de las acusaciones
En el mismo auto, el magistrado ha dejado pendiente la resolución de las diligencias solicitadas por González Amador, quien ejerce como acusación particular en el proceso y ha pedido el acceso a correos personales y profesionales de García Ortiz durante el periodo de marzo de 2024. El sindicato Manos Limpias, personado también como acusación, ha solicitado la suspensión cautelar de funciones del fiscal general, medida que será evaluada próximamente.
El tribunal también ha solicitado el pronunciamiento de otras acusaciones populares, como la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), sobre su posible agrupamiento de acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Origen de la causa en el Supremo
Este caso tiene su origen en una querella interpuesta por González Amador ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), quien denunció la presunta difusión de datos de su investigación por parte de la Fiscalía de Madrid. García Ortiz asumió la responsabilidad de una nota de prensa emitida para aclarar ciertos aspectos del caso y evitar la propagación de un bulo. Aunque el Supremo no ha considerado delictiva la publicación de dicha nota, sí ha determinado que existen indicios de una filtración de correos confidenciales entre la defensa de González Amador y la Fiscalía, en los cuales se sugería un posible pacto.