El Consejo de Ministros aprobó este martes un ambicioso plan de respuesta inmediata para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la DANA, un plan que contará con tres fases claramente definidas, comenzando con una inversión inicial de 10.600 millones de euros en ayudas destinadas a cubrir las necesidades de los hogares, empresas, autónomos e instituciones de los 75 municipios valencianos, castellanomanchegos y andaluces afectados por el temporal.
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó durante su comparecencia ante los medios que el Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento de la Comunidad Valenciana “durará el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad en el territorio afectado”, incluyendo la declaración de las localidades implicadas como “zonas catastróficas gravemente afectadas por una emergencia de Protección Civil”.
De modo que, el Gobierno procederá a activar ayudas directas a los ciudadanos inmediatamente y con el menor papeleo posible, cuadruplicando las ayudas públicas previstas en el real decreto 307/2005. Una serie de medidas inspiradas en la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19 y la erupción del volcán en La Palma, que los ciudadanos podrán consultar en la página web de la Moncloa, donde encontrarán un desglose detallado de cada una de las ayudas disponibles.
Apoyo económico a familias y empresas
Entre las medidas aprobadas para ayudar a los ciudadanos afectados por la DANA destacan las transferencias de hasta 72.000 euros en casos de incapacidad y las ayudas de entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas. Además de los pagos de hasta 10.300 euros para reponer muebles y electrodomésticos dañados y las ayudas de hasta 37.000 euros para la reparación de elementos en las comunidades de vecinos, como portales o ascensores.
Todo ello sin mencionar que el Gobierno pondrá a disposición de los afectados una nueva línea de avales por 5.000 millones de euros y permitirá a las personas con hipotecas o créditos al consumo aplazar el pago total de sus préstamos durante tres meses, abonando únicamente los intereses correspondientes a los nueve meses siguientes.
Asimismo, el presidente anunció que el sector empresarial también contará con un respaldo de 838 millones de euros para apoyar a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos, con ayudas que oscilan entre los 10.000 y los 150.000 euros, en función del volumen de las operaciones de cada negocio. A este respecto, el Ejecutivo estima que las medidas aprobadas beneficiarán a unos 65.000 autónomos y a alrededor de 30.000 empresas, reforzando el tejido empresarial en los territorios más damnificados.
En este sentido, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores también estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social hasta febrero de 2025, mientras que los trabajadores autónomos podrán solicitar una prestación por el cese de su actividad correspondiente al 60% de su base de cotización aunque no cumplan con el mínimo de 12 meses establecido.
A esta larga lista de ayudas se suman además el aplazamiento del cobro del segundo pago del IRPF para los contribuyentes afectados y las indemnizaciones que el Consorcio de Compensación de Seguros empezará a abonar a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo, con indemnizaciones un 20 % superiores al valor de tasación de cada transporte.
Apoyo económico a municipios y ayuntamientos
Asimismo, para que los municipios y ayuntamientos puedan abordar los retos logísticos que supone la recuperación de las zonas damnificadas, el Gobierno ha dispuesto el pago del 100% de los gastos de emergencia, incluyendo las actividades de limpieza y retirada de escombros, la provisión de agua potable, y el alojamiento y manutención de los damnificados. Además de la financiación del 50% de las obras que necesiten realizarse en los próximos meses, en torno a la rehabilitación de carreteras, centros culturales y centros deportivos.
Fases de reconstrucción y adaptación climática
Una vez concluida esta primera fase de respuesta inmediata que Sánchez calificó como “un primer paso ágil, ambicioso y con medidas realistas”, se procederá a ejecutar una segunda fase de reconstrucción y restablecimiento de la infraestructura dañada y una tercera fase de relanzamiento y transformación del territorio para adaptarlo a la emergencia climática que afecta, especialmente, a la cuenca del Mediterráneo.
Para ello, el Consejo de Ministros ha constituido una comisión interministerial que coordinará las fases de reconstrucción y relanzamiento del plan, trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos autonómicos y las autoridades locales, y creando espacios de interlocución con la ciudadanía y demás entidades afectadas.
Además, el Ejecutivo español ha solicitado ayuda a la Comisión Europea, reclamando el apoyo del Fondo Europeo de Solidaridad y planteando a las instituciones comunitarias la aprobación de un nuevo reglamento conocido como Restore. Un instrumento normativo que permitirá redirigir los fondos de cohesión europeos, como los programas FEDER y FSE Plus, hacia la mitigación de los daños causados por la DANA en España.
Se trata, por tanto, de un plan largo y complejo con el que el Gobierno de España no solo pretende atender las necesidades inmediatas de las personas afectadas, sino también fortalecer la resiliencia de las comunidades a largo plazo, adaptando la infraestructura y el entorno para enfrentar los futuros desafíos climáticos. Un plan que tendrá un importante impacto sobre la deuda pública, obligando al Ejecutivo a ofrecer un nuevo marco presupuestario que esperan cuente con el apoyo mayoritario de la cámara para disponer de “todos los medios que sean necesarios” para apoyar a los valencianos.
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