El Ministerio de Sanidad plantea la incorporación de más de un millón de mutualistas de MUFACE, actualmente atendidos por aseguradoras privadas, a la sanidad pública debido a la insostenibilidad del modelo actual. Este cambio supondría un aumento del 2,12% en el sistema sanitario público y afectaría especialmente a comunidades como Andalucía, Castilla y León y Extremadura.
La crisis del modelo MUFACE
El informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, titulado MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud, argumenta que el actual sistema no puede sostenerse a largo plazo. De los 1,5 millones de mutualistas de MUFACE, el 67,3% recibe atención médica a través de aseguradoras privadas como Asisa, Adeslas y DKV. Sin embargo, la falta de equilibrio en el «pool de riesgos» entre usuarios de mayor y menor demanda compromete la viabilidad del modelo.
Por franjas de edad, el 32% de los mutualistas tienen más de 65 años, lo que agrava la presión asistencial. Además, comunidades como Andalucía, Extremadura y Castilla y León, con mayor porcentaje de población mayor, serían las más afectadas por esta transición.
Impacto en la sanidad pública
La incorporación de estos mutualistas implicaría un aumento de 2,12% en el número total de pacientes atendidos por el Sistema Nacional de Salud (SNS). Ceuta y Melilla también destacan con un incremento del 5,3% y 5,1%, respectivamente.
El informe señala que el proceso de integración debe realizarse de manera gradual, priorizando a los pacientes que no se encuentran inmersos en procesos terapéuticos complejos. Además, propone un plan de transferencia de información clínica para evitar duplicidades diagnósticas y garantizar la continuidad de la atención.
Desacuerdo con las aseguradoras
El fracaso del modelo actual se ha visto agravado por la renuncia de las aseguradoras privadas a renovar el concierto sanitario con MUFACE. Estas empresas reclamaban un incremento del 40% en la financiación, algo que el Gobierno no aceptó. A pesar de una oferta de 1.337 millones de euros en 2025 y 1.344 millones en 2026, las aseguradoras dejaron desierta la licitación.
Ante esta situación, Sanidad ha propuesto una prórroga de nueve meses del concierto vigente, durante los cuales se llevaría a cabo la integración de los mutualistas en la sanidad pública.
Pacientes con necesidades especiales
El informe también prevé excepciones para pacientes en procesos terapéuticos avanzados o de alta complejidad, como los oncológicos, quienes podrían mantenerse temporalmente en el sistema privado bajo un acuerdo específico.
Este periodo de transición incluiría además medidas para garantizar que los pacientes crónicos sigan siendo atendidos en sus hospitales de referencia, evitando retrasos en la atención.
¿Qué representa MUFACE?
El informe destaca que el 65% de los mutualistas son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria, mientras que un 17% pertenece a la Administración General del Estado (AGE). Por tanto, las regiones con mayor proporción de docentes o presencia de funcionarios de la AGE serían las más afectadas por este cambio.
Un futuro incierto
La decisión de Sanidad supone un giro radical en la gestión de la atención sanitaria a funcionarios, pero plantea interrogantes sobre cómo afrontará el SNS este incremento en la demanda. La medida, aunque ambiciosa, será objeto de intenso debate tanto político como social en los próximos meses.