El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha abierto diligencias previas tras la denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias contra responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la gestión de la DANA que afectó a la provincia el pasado 29 de octubre, provocando graves inundaciones y una víctima mortal.
En un auto fechado el pasado 12 de noviembre, el juez ha decidido inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número 20 de València, dado que este último ya había iniciado diligencias tras el fallecimiento de una persona en las inundaciones, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La denuncia y los posibles responsables
La denuncia de Manos Limpias pone en el punto de mira a Aemet y CHJ, acusándolas de negligencia en la previsión y gestión de la catástrofe meteorológica. Según la organización, las instituciones no habrían emitido alertas adecuadas ni adoptado medidas preventivas suficientes para minimizar el impacto de las fuertes lluvias que azotaron València, lo que derivó en graves daños materiales y la pérdida de una vida.
El Juzgado número 20 ya había abierto diligencias para investigar las circunstancias del fallecimiento, entre ellas la realización de una autopsia a la víctima. Este juzgado se encargará ahora también de analizar si existieron fallos administrativos o técnicos que pudieran haber evitado las consecuencias más devastadoras de la DANA.
El papel de Aemet y CHJ en el foco
La Agencia Estatal de Meteorología es responsable de emitir los avisos sobre fenómenos meteorológicos adversos, mientras que la Confederación Hidrográfica del Júcar gestiona los recursos hídricos de la zona, incluidas infraestructuras clave como embalses y cauces fluviales. La denuncia cuestiona si ambas entidades coordinaron adecuadamente sus esfuerzos para prevenir los riesgos asociados a las lluvias torrenciales.
Antecedentes judiciales por catástrofes naturales
Esta no es la primera vez que la gestión de una DANA o episodio meteorológico extremo termina en los tribunales. En situaciones similares, la Justicia ha investigado a responsables administrativos por supuesta falta de previsión o deficiencias en las infraestructuras que agravan los efectos de estos fenómenos naturales.
El caso, que ahora se traslada al Juzgado número 20, será clave para determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas por parte de las instituciones implicadas en la gestión de esta catástrofe.