jueves, noviembre 21, 2024
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La FADSP reclama el fin de Muface para garantizar una sanidad pública universal y equitativa

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) apoya la propuesta del Ministerio de Sanidad para incorporar progresivamente a los mutualistas de Muface al Sistema Nacional de Salud (SNS), denunciando las contradicciones de aseguradoras y sindicatos que intentan mantener privilegios a costa de la sanidad pública

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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha hecho un llamamiento a las organizaciones sociales, sindicales, profesionales y partidos progresistas para respaldar la incorporación de los funcionarios mutualistas de Muface al Sistema Nacional de Salud (SNS). La FADSP considera que este cambio es clave para frenar el «monopolio» que, según afirman, las aseguradoras han establecido en la atención sanitaria.

En un comunicado, la FADSP ha respaldado la propuesta del Ministerio de Sanidad que plantea la integración de Muface en el SNS, calificando este sistema de «obsoleto» y recordando que debería haber sido eliminado hace 40 años, según lo establecido en la Ley General de Sanidad. Además, la federación ha destacado las tensiones generadas por esta medida entre grupos económicos, sindicatos y partidos políticos, señalando que existen «importantes contradicciones» en los argumentos de quienes defienden el modelo actual.

Sanidad plantea la integración de los funcionarios mutualistas de MUFACE en el Sistema Nacional de Salud en nueve meses

Aseguradoras y el riesgo de quiebra: una excusa cuestionable

Según la FADSP, las aseguradoras privadas que gestionan la asistencia sanitaria de los mutualistas han solicitado un aumento en las primas que reciben del Estado, alegando un supuesto «riesgo de quiebra». Sin embargo, la federación critica esta postura, asegurando que las aseguradoras practican la «selección de riesgos», dejando fuera a pacientes con patologías complejas, y que han incrementado «exponencialmente» sus ingresos mediante seguros complementarios.

La FADSP subraya que estos seguros adicionales son consecuencia directa de los recortes en la sanidad pública y acusa a las aseguradoras de querer mantener una clientela garantizada con subvenciones públicas, mientras aprovechan su posición en el mercado para imponer precios y restringir la libre competencia que, en teoría, defienden.

Críticas a los sindicatos por mantener privilegios

Otro foco de la polémica es el papel de algunos sindicatos del funcionariado que, según la FADSP, defienden los «privilegios» que los mutualistas tienen respecto al resto de la población. Estos beneficios incluyen acceso preferente a prótesis, gafas, atención dental y la posibilidad de cambiar al sistema público en caso de enfermedades graves, aprovechándose de los hospitales públicos, mucho mejor dotados que los privados.

La federación considera que esta postura es incoherente, ya que defiende un modelo sanitario privado financiado con recursos públicos, lo que contradice el principio de una sanidad universal y equitativa.

La posición del Gobierno

En cuanto al Gobierno, la FADSP ha señalado que existe división entre los ministerios implicados. Por un lado, el Ministerio de la Función Pública defiende mantener la parte sanitaria de Muface bajo un modelo centralizado. Según la federación, esto contravendría los principios de un sistema sanitario universal, equitativo y descentralizado. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad aboga por integrar a los mutualistas en el SNS, una medida que consideran «viable», según un informe reciente.

Este informe indica que la incorporación de los mutualistas solo aumentaría la presión asistencial en un dos por ciento, una cifra fácilmente asumible gracias a los recursos que actualmente reciben las aseguradoras.

Hacia un modelo más justo

La FADSP insiste en que la desaparición de Muface es un paso fundamental para garantizar un sistema sanitario verdaderamente público, en el que no existan desigualdades entre ciudadanos. Asimismo, ha pedido a las organizaciones sociales y políticas que apoyen esta transición y denuncien las prácticas que, a su juicio, perpetúan un sistema sanitario injusto y segmentado.

Con esta medida, el Ministerio de Sanidad pretende avanzar hacia una sanidad pública que cumpla con los principios de universalidad, equidad y eficiencia, recuperando recursos que actualmente están en manos privadas y beneficiando al conjunto de la ciudadanía.

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