El Partido Popular (PP) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a implementar una serie de reformas que buscan fortalecer el Estado de Derecho en España. Esta iniciativa responde a las observaciones realizadas en el reciente informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de 2024, que señala «un amplio margen de mejora» en diversos aspectos clave de la gobernanza en el país.
Según los populares, el informe europeo identifica problemas persistentes, como la falta de independencia judicial, la debilidad en la lucha contra la corrupción, las restricciones a la libertad de prensa, la dificultad en el acceso a la información, la falta de normas contundentes para prevenir conflictos de intereses, el «nulo avance» en la regulación de los grupos de interés, el uso excesivo de procedimientos legislativos de urgencia, el abuso de los reales decretos-leyes y el deterioro de las instituciones democráticas.
Asimismo, desde el PP aseguran que el escrito de la Comisión Europea sugiere que dichas deficiencias no solo afectan el funcionamiento democrático, sino que también tienen un impacto directo en «la economía y la seguridad», al socavar la justicia y el bienestar ciudadano.
De modo que, ante la «preocupación» por el cumplimiento del marco común europeo, el Grupo Popular ha planteado una serie de medidas, entre las cuales destaca la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar que la elección y el mandato del fiscal general del Estado cumplan con los estándares europeos de independencia y autonomía.
Además, la proposición no de ley también aboga por endurecer las penas para delitos de malversación de fondos públicos y propone aprobar de manera urgente una estrategia integral para prevenir y combatir la corrupción.
En el ámbito de la transparencia, los populares proponen regular las actividades de los lobbies a través de una Ley de Transparencia e Integridad, así como avanzar en una Ley de Información Clasificada que se ajuste a las normativas europeas sobre el acceso a documentos oficiales.
Asimismo, el partido reclama una mayor diligencia en el respeto a los procedimientos parlamentarios, una reducción en el uso de los reales decretos-leyes y la adopción de un marco común europeo para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior.
En este sentido, el PP sostiene que la adopción de estas reformas no solo es necesaria para cumplir con las recomendaciones europeas, sino también para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, subrayando que las carencias señaladas por la Comisión Europea «inciden en la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia y de las instituciones del Estado», así como en la credibilidad de España a nivel internacional.
Se trata, por tanto, de una iniciativa del Grupo Popular que será debatida en el Pleno del Congreso, con miras a lograr un consenso en torno a la necesidad de atender con urgencia las advertencias de Bruselas.