Javier Serrano y María Piedad Losada declararon hoy martes ante el juez instructor Ismael Moreno, desvinculándose de las operaciones relacionadas con el presunto conseguidor Víctor de Aldama y los contratos de adquisición de mascarillas durante la pandemia.
Declaraciones ante el juez
María Piedad Losada, quien fuera secretaria de Víctor de Aldama, señaló que su relación con él era estrictamente profesional, centrada en tareas administrativas. Según explicó, no tenía acceso a cuentas bancarias, agendas de los socios ni recibía pagos más allá de su salario. Además, declaró que presentó una demanda contra la sociedad Global Stratos, empresa para la que trabajaba, por impagos desde enero de 2024.
Por su parte, Javier Serrano afirmó que no participó en los contratos públicos investigados ni en la distribución de dinero relacionado con las actividades de De Aldama. Declaró que nunca recibió ni entregó dinero en efectivo a terceros.
En contraste, Ignacio García Tapia, otro de los investigados y miembro del grupo de WhatsApp denominado «los cuatro mosqueteros», se acogió a su derecho a no declarar.
Vínculos y acusaciones
La investigación, liderada por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, apunta a que los implicados podrían haber cometido delitos de blanqueo de capitales, cohecho y pertenencia a organización criminal. Según un informe de la UCO, las comunicaciones interceptadas en el grupo de WhatsApp detallan pagos en efectivo a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.
En este contexto, las conversaciones incluyeron referencias a supuestos pagos de 10.000 euros en efectivo y anotaciones vinculadas a reuniones en República Dominicana, en las que los agentes creen que «tickets» eran una clave para referirse a dinero.
Declaraciones futuras y próximos pasos
El caso continuará con nuevas declaraciones en diciembre, incluyendo las testificales de agentes clave de la UCO. Entre ellos se encuentra el coronel Francisco José Vázquez, responsable de informes relevantes en la causa. Además, esta investigación ya ha llevado al Tribunal Supremo a abrir una causa contra el exministro Ábalos por su presunta implicación en la trama de contratos públicos durante la pandemia.
La situación sigue generando un intenso escrutinio público, con el foco en las actividades de los investigados y su presunta vinculación con altos cargos políticos.