Germán Rodríguez Castiñeira calificó la solicitud de ilegal y la habría rechazado rotundamente.
El excomisario Germán Rodríguez Castiñeira ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la investigación sobre presuntas prácticas ilegales llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional en contra de la formación política Podemos. Según fuentes jurídicas, Rodríguez Castiñeira afirmó que Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), le solicitó investigar los antecedentes policiales de los 69 diputados de Podemos, lo que habría rechazado tajantemente por considerarlo ilegal.
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Una «broma» que generó tensión
Rodríguez Castiñeira relató que, tras negarse a cumplir la orden, García Castaño rectificó, asegurando que se trataba de una broma. Sin embargo, según su testimonio, nunca se le aclaró el origen de la supuesta orden superior. Durante su comparecencia, el exjefe policial respondió únicamente a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, evitando ahondar en más detalles sobre las responsabilidades jerárquicas que podrían estar implicadas.
La querella presentada por Podemos
La formación morada interpuso una querella en la que acusa a varios agentes y altos cargos de delitos de organización criminal, revelación de secretos y prevaricación administrativa, entre otros. Según Podemos, estos habrían llevado a cabo investigaciones prospectivas ilegales con el objetivo de desprestigiar al partido a través de la filtración de información manipulada a medios de comunicación.
En el documento, se citan hasta ocho supuestas actuaciones irregulares, incluyendo la elaboración del conocido informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), la difusión de un falso documento sobre una cuenta bancaria de Iglesias en un paraíso fiscal y la alteración de registros policiales internos.
Implicaciones políticas y judiciales
El caso ha generado una gran expectación debido a las implicaciones políticas y al uso presuntamente indebido de recursos públicos para afectar a una formación política específica. Según la querella, estas acciones buscaban socavar la credibilidad de los diputados y líderes de Podemos, vulnerando su derecho a la privacidad y dañando su imagen pública.
El juez Santiago Pedraz continúa investigando los hechos para determinar las responsabilidades penales de los implicados. Entretanto, el testimonio de Rodríguez Castiñeira ha añadido nuevas perspectivas a una causa que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y judicial.