El caso «Delcygate» sigue arrojando luz sobre las decisiones del Gobierno español en un momento clave de la historia reciente. Según el testimonio de Víctor de Aldama – investigado en el caso «Koldo», prestado ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional-, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, tenía programada una reunión con Salvador Illa -entonces ministro de Sanidad-, durante su polémico viaje a Madrid el 20 de enero de 2020.
El encuentro tenía como objetivo el suministro de vacunas contra el COVID-19 a Venezuela; pero fue frustrado debido a la orden internacional de detención que pesaba sobre Rodríguez y su prohibición de ingresar en el espacio Schengen. Según Aldama, el plan se desmoronó apenas horas antes de su llegada, «cuando saltan todas las alarmas dos horas antes de la llegada, en la que me llama Koldo y me dice que llame al avión o que llame a la Vicepresidenta y le diga que no puede aterrizar en España porque va a ser detenida» .
El viaje de Delcy Rodríguez y las acciones del Gobierno de España
Delcy Rodríguez llegó a España en un jet privado, pero el viaje estuvo lejos de ser improvisado. Aldama señaló que «la agenda estaba organizada» y detalló que el objetivo incluía reuniones con altos cargos españoles, entre ellos el ministro Illa y el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, la operación para evitar su detención supuso un giro drástico en los aviones.
Pese a la alerta de que Rodríguez podría ser detenida, su avión aterrizó en la Terminal 1 Ejecutiva del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según Aldama, se notificó al presidente Sánchez, quien solicitó al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que gestionara la situación para evitar un conflicto diplomático.
Operación coordinada para una salida exprés
Rodríguez abandonó España en un vuelo regular de Qatar Airways la madrugada del 21 de enero. Aldama detalló que «se le mete a la Vicepresidenta por el interior de la pista (…) con coches de la Guardia Civil» hasta la escalinata del avión. Este operativo, diseñado para evitar su detención, plantea bastantes dudas y preguntas sobre la gestión gubernamental de las sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea.
Una reunión que nunca ocurrió
La reunión entre Illa y Rodríguez, prevista para abordar la adquisición de vacunas, nunca llegó a celebrarse. Según Aldama, la presencia de Illa en la agenda reflejaba la intención del Gobierno venezolano de explorar opciones para garantizar vacunas contra el COVID-19, un virus en expansión que ya preocupaba a otros países en enero de 2020.
«Yo justificaría la presencia del Sr. Illa ya que estaba previendo la posible necesidad de vacunación», declaró Aldama, quien admitió haber facilitado contactos entre el Ejecutivo español y el venezolano.
España y su inacción ante una amenaza global
El contraste entre las acciones del Gobierno venezolano y la falta de medidas por parte del Ejecutivo español resulta llamativo. Mientras Venezuela buscaba alternativas para adquirir vacunas, España no implementó acciones preventivas relevantes frente al COVID-19 hasta marzo de 2020, cuando se declaró el Estado de alarma.
Este retraso pone en duda si el Gobierno español subestimó las señales de alarma que ya circulaban a nivel internacional. La gestión del viaje de Rodríguez, en el que se evitó su detención, se suma a las críticas sobre la aparente desconexión entre las prioridades diplomáticas y las necesidades sanitarias.
Implicaciones políticas y diplomáticas
La intervención del Ejecutivo español para facilitar la salida de Rodríguez sin ser detenida podría interpretarse como una falta de respeto a las normativas europeas. Además, la frustrada reunión con Salvador Illa deja en el aire preguntas sobre las prioridades del Gobierno en un momento tan importante.
El caso «Delcygate» sigue generando polémica, por un lado por las implicaciones políticas que podría tener, y por otro lado al revelar la capacidad de respuesta del Gobierno español ante una pandemia que se cobraría tantas vidas, en España y en todo el mundo.