Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmiente la acusación contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, que le atribuía la posesión de 1,4 millones de euros en acciones del BBVA. Según este documento, al que se ha tenido acceso, no existe evidencia en las declaraciones de bienes presentadas por Sánchez entre 2017 y 2023 que respalde esta cifra.
La denuncia, basada en un error de interpretación
El informe, remitido a la jueza que instruye la causa en Badajoz, detalla que el investigado ha declarado acciones de cotización en la entidad BBVA, pero no del propio banco, y nunca por valores cercanos a los mencionados en la denuncia. De hecho, las cifras oscilan entre los 91.530 euros en 2017 y los 68.469 euros en 2023.
La UCO subraya que el error podría deberse a una confusión en la denuncia, que se basaba en un artículo periodístico. Según el informe, quien presentó la acusación habría utilizado erróneamente una calculadora de la web de la entidad, confundiendo el valor nominal de las acciones con el número de estas.
Revalorización desmentida por la UCO
El documento aclara que las acciones del BBVA no han experimentado la revalorización que se menciona en la denuncia. Específicamente, se señala que afirmar que 68.469 acciones de 2023 equivalen a 139.732 en 2024 no se ajusta a la realidad del mercado bursátil.
Declaración como investigado y nuevas diligencias
Tras recibir este informe, la magistrada ha citado a declarar a David Sánchez Pérez-Castejón como investigado el próximo 9 de enero. Además, ha solicitado a la entidad bancaria que proporcione, con carácter urgente, el valor nominal de los depósitos de las acciones del investigado en las fechas clave de 2017, 2019, 2021, 2022 y 2023.
La investigación apunta a un posible uso erróneo de datos por parte de la denuncia, lo que podría desmontar completamente la acusación inicial. No obstante, el caso sigue abierto y pendiente de nuevas aclaraciones.
Conclusión
El informe de la UCO cuestiona la base de la denuncia y refuerza la tesis de que los datos aportados fueron malinterpretados. Mientras tanto, la citación judicial y las diligencias solicitadas serán determinantes para resolver esta polémica que ha salpicado al entorno cercano del presidente del Gobierno.