El Consejo de Ministros aprobó este jueves el denominado “permiso climático”, una medida pionera que forma parte del nuevo paquete de políticas destinadas a atender a los afectados por la DANA, que dejó más de 200 fallecidos en la Comunidad Valenciana. Esta iniciativa, que modifica los permisos remunerados contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, permite a los ciudadanos ausentarse de su puesto de trabajo durante un periodo de hasta cuatro días, prorrogables si persisten las circunstancias climáticas que impidan acudir al lugar de trabajo o realizar la actividad de forma remota.
El nuevo permiso, inspirado en modelos internacionales como el canadiense, busca proteger a los trabajadores en un contexto marcado por catástrofes naturales cada vez más adversas y frecuentes. Se trata, en definitiva, de una modificación que pretende defender los derechos de los trabajadores frente a las compañías que se nieguen a detener sus actividades ante fenómenos meteorológicos adversos como inundaciones, tormentas extremas o incendios forestales.
“Nadie tiene que trabajar poniendo en riesgo su vida. Lo que está pasando es muy grave. No deben tener ningún tipo de miedo”, afirmó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegurando que la Inspección de Trabajo supervisará que las empresas cumplan con la nueva normativa.
En este sentido, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el permiso solo se activará si las condiciones climáticas impiden el desplazamiento al puesto de trabajo y no existen alternativas viables, como el teletrabajo. Asimismo, Cuerpo puntualizó que en caso de que las ausencias se prolonguen más allá de los cuatro días, las empresas podrán recurrir al ERTE por fuerza mayor, compartiendo la corresponsabilidad de los costes laborales con el Estado.
Nuevos protocolos de prevención
Junto a la implementación de este “permiso climático”, la reforma también exige a las empresas que adopten nuevos protocolos de prevención, garantizando que los trabajadores estén protegidos no solo durante las catástrofes, sino también en su preparación ante futuros eventos climáticos. Para ello las compañías deberán elaborar obligatoriamente protocolos específicos para hacer frente a los riesgos climáticos, estableciendo directrices adaptadas a las particularidades de cada sector, que deberán estar diseñadas en un plazo máximo de 12 meses.
Dichos protocolos deberán incluir mecanismos de comunicación inmediata en caso de alertas, de manera que, ante riesgos graves e inminentes, las empresas puedan informar rápidamente a sus empleados y suspender las actividades hasta que las condiciones sean seguras. Además, se reforzará también la representación sindical, permitiendo que los comités de empresa y delegados de prevención puedan paralizar la actividad cuando identifiquen situaciones de riesgo.
Una reforma estructural ante el cambio climático
Por otra parte, el Gobierno ha querido subrayar que, si bien la medida forma parte de una respuesta puntual a la DANA, dicha modificación está dotada de un enfoque mucho más amplio sobre la sostenibilidad y la seguridad laboral. De modo que el denominado “permiso climático” pretende reforzar y ampliar las garantías contempladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 4/2023.
“Frente al negacionismo climático de las derechas, el Gobierno de España está comprometido con las políticas verdes”, aseguró Díaz, subrayando que la medida está fundamentada en la realidad de los más de 27.000 trabajadores y 2.500 empresas de Valencia que se acogieron al ERTE tras el temporal.
Se trata, por tanto, de una nueva medida que entrará en vigor este mismo viernes, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque deberá ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.