En 2018, la Unión Europea adoptó una postura firme frente a la crisis política y humanitaria en Venezuela, imponiendo sanciones individuales a líderes del régimen de Nicolás Maduro. Estas medidas incluían la congelación de activos y la prohibición de entrada al territorio europeo para personas y organizaciones consideradas responsables de violar derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en la nación sudamericana. Entre los principales funcionarios sancionados se encuentran la vicepresidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
Las sanciones se implementaron en dos etapas —primero en enero y luego en junio de 2018—, ampliando progresivamente una lista negra que alcanzó un total de dieciocho personas. Esta lista incluía ministros, jueces y altos mandos militares, señalados por abusos documentados por organizaciones internacionales. El respaldo unánime de los Estados miembros buscaba enviar un mensaje contundente contra la represión y la violación de derechos fundamentales.
Nuevos nombres en la lista de sanciones
En junio de 2018, once nuevos nombres fueron añadidos a la lista de sancionados, destacando por su influencia en la estructura del gobierno venezolano y su participación en actos considerados violatorios de los derechos humanos. Esta es la lista completa de sancionados:
- Delcy Rodríguez: Vicepresidenta de Venezuela.
- Tareck El Aissami: Vicepresidente de Economía.
- Elías Jaua: Ministro de Educación.
- Freddy Bernal: Jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
- Sergio Rivero Marcano: Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
- René Rafael Arreaza: Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación.
- Katherine Harrington: Vicefiscal General.
- Socorro Hernández: Rectora del Consejo Nacional Electoral.
- Xavier Moreno Reyes: Secretario General del Consejo Nacional Electoral.
- Carlos Alfredo Pérez: Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.
- Fidel Ernesto Vásquez: Secretario General de la Asamblea Nacional Constituyente.
Caso Delcy Rodríguez
El caso de Delcy Rodríguez ganó notoriedad en enero de 2020, cuando la vicepresidenta venezolana, a pesar de tener prohibido pisar suelo europeo, realizó una escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Aunque las sanciones le impedían ingresar al territorio europeo, permaneció en la zona de tránsito internacional del aeropuerto y se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Este encuentro desató una fuerte polémica en España, cuestionando si el gobierno español estaba cumpliendo con las sanciones. Las críticas giraron en torno a si Rodríguez había transitado por una zona bajo jurisdicción española, infringiendo las restricciones, y si las autoridades actuaron conforme a las obligaciones internacionales derivadas de las sanciones europeas.
El asunto derivó en un proceso judicial en España, aunque el caso fue archivado rápidamente. El juez concluyó que, dado que Rodríguez no salió técnicamente de la zona de tránsito internacional, no se había producido una infracción formal de las sanciones. Sin embargo, este episodio puso de manifiesto las tensiones inherentes a la aplicación de medidas internacionales en contextos políticos delicados.
En paralelo, los funcionarios sancionados intentaron revertir las restricciones mediante recursos legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En julio de 2021, el tribunal desestimó las impugnaciones presentadas por Delcy Rodríguez y otros líderes venezolanos, confirmando la validez de las medidas. El TJUE argumentó que las sanciones estaban justificadas por la situación en Venezuela y eran proporcionales a los objetivos de la política exterior europea. Esta decisión consolidó el marco jurídico que permite a la UE imponer sanciones individuales como instrumento de presión diplomática.
La confirmación de las sanciones también resalta la importancia del estricto cumplimiento de estas por parte de los Estados miembros. En España, el Código Penal establece que cualquier funcionario público que se niegue a ejecutar resoluciones judiciales o medidas vinculantes incurre en el delito de desobediencia, tipificado en el artículo 410, con penas de multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el contexto de las sanciones internacionales, un incumplimiento podría interpretarse como una violación grave tanto del ordenamiento jurídico nacional como de las obligaciones derivadas de los tratados europeos.
El caso de Delcy Rodríguez evidenció las complejidades de la política exterior de la UE, especialmente cuando los intereses diplomáticos nacionales interfieren con la implementación de decisiones comunes. La eficacia de las sanciones depende de la coherencia y el compromiso de todos los actores implicados, desde las instituciones europeas hasta las autoridades locales encargadas de su ejecución.
Por otro lado, este caso también evidenció las limitaciones prácticas de las sanciones internacionales. Aunque las restricciones de viaje y la congelación de activos dificultan las actividades de los sancionados, no siempre logran sus objetivos. En el caso de Venezuela, el régimen de Maduro ha mostrado una notable capacidad para adaptarse a las presiones externas, consolidando su control interno a pesar del aislamiento internacional.
Las sanciones de la UE contra altos funcionarios venezolanos representan un esfuerzo significativo por parte de Europa para defender los derechos humanos y la democracia en contextos de crisis. Sin embargo, su aplicación efectiva requiere del respaldo político de los Estados miembros, sino también un marco legal sólido que garantice su cumplimiento a todos los niveles. El caso de Delcy Rodríguez, con sus implicaciones legales y diplomáticas, subraya los desafíos de implementar estas medidas en la práctica y la necesidad de una acción coordinada para preservar la credibilidad y eficacia de la política exterior europea.