El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha rechazado tajantemente las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario en el caso Koldo. Según De Aldama, ambos habrían acordado que Ábalos recibiría un lujoso piso en el Paseo de la Castellana, valorado en 1,9 millones de euros, como garantía de pagos futuros de constructoras a cambio de contratos públicos.
Ábalos ha desmentido cualquier acuerdo con el empresario a través de unas declaraciones al diario ABC, señalando que este «no aporta una sola prueba». También ha cuestionado la veracidad de los documentos presentados por De Aldama, calificándolos de manipulados. «Se está comprando la versión de un bandido», ha asegurado, añadiendo que el empresario es «un impostor» que está engañando a la justicia.
Aldama destapa los planes de venta de vacunas COVID de España a Venezuela antes de la pandemia
Ábalos explica que «nunca se materializó»
Ábalos ha explicado que el piso mencionado fue adquirido por De Aldama en una subasta y que, aunque se lo ofreció, nunca llegó a formalizarse ninguna transacción. «Nunca se materializó», afirmando que no existen pruebas concretas que respalden las acusaciones.
Por otro lado está la polémica salpica también al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señalado por De Aldama, quien asegura que facilitó inmuebles en Madrid, como un piso en la calle Atocha, para encuentros en los que presuntamente participaron diversas personas, entre ellas Torres cuando era presidente de Canarias.
El equipo del ministro ha negado «rotundamente» estas acusaciones, calificándolas de «graves injurias y calumnias vertidas sin pruebas». Además, han anunciado que ampliarán las acciones legales necesarias para defender su honor y reputación.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también se ha pronunciado al respecto, mostrando escepticismo sobre las acusaciones contra su predecesor. «Tendría que verlo para creerlo», declaró, subrayando la complejidad de que un ministro tenga capacidad para influir en adjudicaciones públicas, ya que estas pasan por mesas de contratación con múltiples órganos técnicos y jurídicos.
Puente también adelantó que el ministerio revisará los documentos presentados por De Aldama para verificar si existe algún elemento irregular. «Van a comprobar» y «tratarán de verificar» cualquier procedimiento relacionado.
Continuaremos conociendo más sobre este caso que sigue levantando polémica y generando debate sobre la credibilidad de las pruebas presentadas y la responsabilidad de los implicados.
El ‘cártel del despojo’: el lobby que utilizó el Gobierno español a través de Aldama