La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la eliminación de más de 120 términos peyorativos relacionados con la discapacidad presentes en la normativa autonómica. Esta iniciativa, complementada por un decreto previamente aprobado por el Consejo de Gobierno, revisa un total de 30 disposiciones legislativas y reglamentarias, dejando por fuera el Estatuto de Autonomía, donde aún persisten algunas expresiones consideradas ofensivas.
De modo que la nueva Ley de Adaptación Normativa a la Terminología Actual sobre Discapacidad supone un paso significativo hacia la inclusión, suprimiendo términos obsoletos como “disminuido”, “minusválido”, “anomalía psíquica” y “deficiencia” de la legislación regional. Una serie de modificaciones que afectan a normativas clave, como la Ley 1/1986 de la Función Pública de la Comunidad de Madrid y la Ley 8/1993 de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
En este sentido, durante su intervención en el pleno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, subrayó que la reforma es “más que un mero cambio de vocablos”, ya que busca “contribuir al bienestar de las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida, su autonomía y su independencia”. Una iniciativa que, según García Martín, consolida a la Comunidad de Madrid como un referente en políticas de inclusión.
Polémica por la exclusión del Estatuto de Autonomía
Aunque el proyecto de ley ha sido aprobado con la abstención del PSOE y los votos a favor del PP, Más Madrid y Vox, la exclusión del Estatuto de Autonomía generó importantes críticas entre los partidos de la oposición.
En este sentido, el portavoz del PSOE, Jesús Celada, calificó la decisión del gobierno popular como “una oportunidad perdida” e instó a replicar en el ámbito autonómico el consenso logrado en el Congreso de los Diputados, que eliminó el término “disminuido” del artículo 49 de la Constitución.
En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también criticó la exclusión del Estatuto de Autonomía, denunciando la falta de voluntad del gobierno regional para avanzar en derechos y asegurando que Isabel Díaz Ayuso está más enfocada en confrontar con el Ejecutivo central que en legislar en beneficio de las personas con discapacidad.
No obstante, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el García Martín justificó la exclusión argumentando que cualquier reforma del Estatuto requiere la ratificación del Congreso de los Diputados, un proceso que el Ejecutivo regional considera arriesgado en el actual contexto político. “No nos fiamos”, explicó el consejero, asegurando que el Partido Popular impulsará esta modificación cuando cambien las mayorías en el Parlamento nacional y no exista la posibilidad de que “Pedro Sánchez o sus socios” introduzcan cambios no deseados.
Críticas por la falta de medidas estructurales para mejorar la vida de las personas con discapacidad
Más allá de la exclusión del Estatuto, la oposición también criticó que la reforma se limite al lenguaje, en lugar de abordar los problemas estructurales que afectan de manera directa a las personas con discapacidad.
A este respecto, el diputado de Vox, José Ignacio Arias, destacó la urgencia de asignar más recursos públicos, subrayando que los tiempos de espera para la atención temprana en la Comunidad de Madrid alcanzan los 70 días, mientras que el proceso para obtener el reconocimiento del grado de discapacidad puede demorar hasta 221 días.
Por su parte, el diputado de Más Madrid, Diego Figuera, lamentó la insuficiencia de las políticas de inclusión, resaltando las “bajas oportunidades” en empleo y educación para este colectivo. Todo ello unido a la crítica de su compañera, Emilia Sánchez, quien advirtió que “la mera sustitución de términos peyorativos no garantiza un lenguaje inclusivo ni resuelve los desafíos cotidianos” de las personas con discapacidad.