El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación formal a través de la Dirección General de Consumo para examinar las actividades de varias grandes gestoras de pisos turísticos en España. Estas empresas, que operan en diversas comunidades autónomas, están siendo investigadas por posibles prácticas engañosas y otras infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, según informó el Ministerio este jueves.
El marco legal de la Ley de Competencia Desleal considera engañosas aquellas conductas que «contengan información falsa» o que, aunque sean técnicamente veraces, puedan inducir a error a los consumidores, alterando su comportamiento económico. Entre los supuestos recogidos en la normativa, destaca el uso fraudulento de la identidad empresarial, como presentarse falsamente como un consumidor para ganar confianza o confundir a los usuarios.
Un nuevo frente contra irregularidades en los pisos turísticos
Esta iniciativa no es la primera del Ministerio en el ámbito de los alojamientos turísticos. En junio de este año, se abrió una investigación contra plataformas de alquiler vacacional por la publicación de anuncios de viviendas sin licencia turística. En esta ocasión, la Dirección General de Consumo amplía su enfoque para incluir aquellos pisos que, a pesar de contar con licencia, estarían siendo gestionados de forma irregular por empresas intermediarias que operan a nivel nacional.
Entre las irregularidades detectadas, se estudian prácticas como la falta de transparencia en las condiciones de alquiler, la omisión de información clave para los usuarios o el empleo de técnicas que puedan vulnerar los derechos de los consumidores, perjudicando así a miles de familias.
La crisis de la vivienda y el foco en la especulación
Esta investigación forma parte de la estrategia impulsada por el ministro Pablo Bustinduy para combatir la especulación en el mercado inmobiliario. En octubre, el Ministerio también abrió otra línea de investigación contra varias agencias inmobiliarias, acusadas de llevar a cabo prácticas abusivas. Estas incluían la imposición de comisiones injustificadas, la firma de contratos temporales sin justificación o la inclusión de cláusulas irregulares que afectaban a los derechos de los inquilinos.
Bustinduy ha subrayado en reiteradas ocasiones que el acceso a la vivienda es uno de los problemas más urgentes de España. Según el ministro, «mientras miles de familias viven al límite debido al coste de la vivienda, unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares».
Llamamiento a la acción de las administraciones públicas
El Ministerio ha instado a todas las administraciones públicas a que, dentro de sus competencias, actúen de manera decidida para abordar este problema. Bustinduy ha señalado que estas medidas no solo buscan proteger a los consumidores, sino también frenar la especulación inmobiliaria que agrava la crisis de vivienda en el país.
Con estas investigaciones, el Gobierno refuerza su compromiso de garantizar un mercado de alquiler justo y transparente, defendiendo los derechos de los ciudadanos frente a prácticas que puedan vulnerarlos. La investigación sigue en curso, y no se descartan nuevas medidas o la ampliación de los casos analizados.