A partir del 1 de enero, la Junta de Andalucía contará con una nueva Agencia de Seguridad y Emergencias, tal y como ha anunciado el presidente Juanma Moreno. La previsión es que la próxima semana se aprueben los estatutos de la misma. El ‘popular’ ha afirmado que no es una decisión «improvisada» por la última tragedia, pues ya llevaban trabajando un año y medio en ella. Pero esta iniciativa contrasta con la tomada por su compañero de partido, Carlos Mazón, cuando llegó a la presidencia de la Generalitat Valenciana: en noviembre de 2023 eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias creada por el anterior Gobierno. Una decisión criticada tras la tragedia de la DANA que deja ya 223 fallecidos.
La nueva unidad andaluza contará con 5.000 efectivos solo para la región y coordinados bajo un mismo mando. «Será la mayor agencia de emergencias del conjunto de nuestro país», asegura Moreno. Por comparar, la Unidad Militar de Emergencias (UME) dispone de 3.500 efectivos para toda España y fueron de los primeros en activarse tras la catástrofe de la DANA en la provincia de Valencia. «Lo ocurrido nos enseña que no nos podemos confiar y que debemos trabajar para anticiparnos realizando las obras e infraestructuras necesarias y dotándonos de un buen sistema de emergencias», ha defendido el presidente andaluz. La inversión para esta agencia rondará sobre los 260 millones de euros que se incluirán en los Presupuestos de 2025 de la comunidad autónoma. Recordemos que Andalucía también sufrió los estragos de las inundaciones con un balance de un fallecido.
Para Mazón habían otras fórmulas más adecuadas
La Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) fue creada por el anterior Gobierno del Botànic encabezado por Ximo Puig en febrero de 2023. No llegó a estar activa, pues pocos meses después, el socialista perdería las elecciones. Conocíamos poco más que sus funciones, entre las que se encontraban “la extinción de incendios forestales, la intervención en emergencias de origen meteorológico, sísmicas y por maremotos y la cooperación en situaciones de emergencia social bajo la dirección de los organismos competentes de las mismas”. Al encontrarse en fase incipiente, para 2023 iba a contar con un presupuesto de nueve millones de euros.
En noviembre de ese mismo año, el Consell de Mazón decidió derogar por la vía de urgencia el decreto que regulaba la creación de la misma. En aquel momento, la portavoz, Ruth Merino, justificó que «existen fórmulas más adecuadas para garantizar la coordinación de las emergencias» y que está decisión se enmarca en el proyecto de Mazón de «optimizar todos los organismos y entes del sector público para que la gestión sea eficiente». «Se ha considerado que existen duplicidades e ineficiencias en este organismo», subrayó hace poco más de un año. Tras la tragedia de la DANA, una gran parte de las críticas se han dirigido a esta decisión, especialmente por parte de la oposición de PSPV-PSOE y Compromís.