La Comunidad de Madrid y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han firmado el convenio para la implementación del Programa María Goyri, destinado a estabilizar y rejuvenecer las plantillas docentes de las universidades públicas españolas. Una iniciativa que permitirá la creación de 1.091 plazas de profesor ayudante doctor en las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III), con una inversión inicial de 169 millones de euros por parte del Gobierno central.
En este sentido, el convenio establece que el 60% de las 1.091 nuevas plazas docentes será financiado por el Gobierno central durante los primeros seis años, mientras que el 40% restante será financiado por la Comunidad de Madrid, que asumirá íntegramente el coste de las plazas a partir del séptimo año, con una inversión anual estimada de 17,5 millones de euros desde 2025.
No obstante, las condiciones del acuerdo han generado un fuerte enfrentamiento político entre ambas administraciones. De allí que la Comunidad de Madrid haya sido la última región en adherirse al programa, firmando el convenio un día antes de la fecha límite del 13 de diciembre. Una decisión que se produjo después de que la ministra Diana Morant enviara una carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en la que advertía sobre “la dramática situación” de las universidades públicas madrileñas y la instaba a aceptar el acuerdo.
De modo que, aunque el gobierno regional accedió finalmente a ratificar el programa, durante la firma del convenio, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, calificó el acuerdo como “una imposición, una cacicada y un chantaje” que “hipoteca a la Comunidad de Madrid por valor de 2.000 millones de euros” al transferir al Gobierno regional la mayor parte de los costes a largo plazo.
En este sentido, el consejero manifestó su descontento con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), a la que atribuyó gran parte de los costes derivados del programa. “La gran mentira del convenio es que rejuvenece a las plantillas, porque es un convenio para pagar los costes de la LOSU”, aseguró Viciana, reiterando que las comunidades autónomas se ven obligadas a aceptar condiciones que no consideran equitativas.
Asimismo, Viciana criticó que el convenio limite las contrataciones a la figura del profesor ayudante doctor, sin abordar otros problemas de plantilla, añadiendo que el programa podría llevar a la eliminación de los profesores asociados que, según él, sirven de puente entre la universidad y el mundo empresarial. “El Gobierno de Pedro Sánchez quiere abolir los puentes entre la universidad y la empresa, quiere aislarla en la ideología y en la dependencia de los poderes públicos”, aseguró el consejero, reiterando que el Ejecutivo regional se vio obligado a elegir entre “lo malo y lo peor”.
Defensa del Gobierno central
Por su parte, la ministra Diana Morant defendió con firmeza el Programa María Goyri, señalando que se trata de una medida indispensable para garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas. “Si hemos venido a rescatar a alguien es a la universidad pública. El Gobierno va a continuar fortaleciendo a las universidades públicas españolas. Hoy estamos haciendo lo correcto”, afirmó Morant, subrayando que el convenio no es “un capricho” sino una respuesta a necesidades reales, como las jubilaciones masivas y la precariedad laboral.
Además, durante su intervención, la ministra subrayó que el convenio alcanzado es el resultado de meses de diálogo y negociación con todos los agentes implicados, argumentando que su implementación no es incompatible con otras medidas de apoyo que puedan implementar las comunidades autónomas.
Respaldo de las universidades
Del mismo modo, los rectores de las universidades públicas madrileñas respaldaron y celebraron la firma del convenio. En este sentido, Ángel Arias, rector de la Universidad Carlos III y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA), calificó el acuerdo como “un hito histórico” y agradeció el compromiso compartido del Gobierno de España y la Comunidad de Madrid con el fortalecimiento de las universidades públicas.
“Las universidades públicas son una cuestión de Estado, y lo son porque representan un bien común que debe ser protegido y apoyado. Este convenio es un paso para avanzar en esta dirección”, afirmó Arias, asegurando que “hoy es un buen día para la sociedad”.
De modo que, mientras el Gobierno central y los rectores ven el programa como una oportunidad para fortalecer el sistema universitario, el Ejecutivo madrileño mantiene sus reservas respecto a las condiciones financieras y operativas del convenio que pretende reducir la precariedad laboral, rejuvenecer las plantillas y mejorar la competitividad académica a nivel nacional.
Morant acusa a Ayuso de poner en riesgo el futuro de las universidades públicas madrileñas