lunes, diciembre 16, 2024
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Carmen Pano, conocida por declarar haber entregado 90.000 euros en Ferraz y tres personas más detenidas por vinculaciones con Víctor de Aldama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, entre ellas Carmen Pano y varios miembros de su familia, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos

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Los registros se han llevado a cabo en Madrid, Zaragoza y Sevilla, centrados en las actividades del empresario Víctor de Aldama, señalado también en el conocido ‘caso Koldo’.

La UCO de la Guardia Civil ha llevado a cabo este lunes una serie de registros y detenciones relacionados con una presunta trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. Entre los detenidos se encuentra Carmen Pano, conocida por declarar haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Sin embargo, fuentes de la investigación han confirmado que su arresto no está vinculado con la supuesta entrega de dinero en Ferraz, sino exclusivamente con la causa de hidrocarburos que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Las detenciones se han producido durante la mañana a la vez que Víctor de Aldama declaraba en el supremo.

Aldama abandona el Supremo en silencio, mientras la UCO efectúa detenciones por el fraude de los hidrocarburos

Además de Carmen Pano, han sido detenidas su madre, su hija y un cuarto implicado, identificado como un empresario socio del empresario Víctor de Aldama, señalado como una de las figuras clave de esta presunta trama de fraude fiscal.

Registros en varias provincias

Las operaciones de la Guardia Civil han incluido registros en Madrid, Zaragoza y Sevilla, así como en una empresa situada en Calatayud (Zaragoza) vinculada con uno de los socios de Víctor de Aldama. La investigación se centra en un posible fraude a la Hacienda Pública que podría alcanzar los 182 millones de euros, relacionado con actividades irregulares en el comercio de hidrocarburos.

Este caso coincide con la declaración de Víctor de Aldama este lunes en el Tribunal Supremo, donde comparece como investigado en el conocido ‘caso Koldo’, una trama que indaga en adjudicaciones irregulares para la compra de material sanitario durante la pandemia.

Un fraude millonario y múltiples implicados

El juez Pedraz, encargado de la investigación, mantiene la causa en secreto, pero las primeras indagaciones apuntan a la existencia de una organización criminal liderada por Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas. En octubre, el magistrado decretó prisión provisional para ambos, aunque De Aldama quedó en libertad tras declarar voluntariamente en el ‘caso Koldo’. Rivas, sin embargo, continúa en prisión.

La estructura de esta presunta organización incluye a María Luisa Rivas, señalada como subdirectora, además de una red de testaferros que ocupaban puestos clave en las sociedades utilizadas para el suministro de hidrocarburos.

El PSOE responde con acciones legales a las acusaciones de Carmen Pano sobre la entrega de 90.000 euros en Ferraz

Investigación en curso

La operación de este lunes supone un nuevo avance en la lucha contra el fraude fiscal en un sector especialmente sensible como el de los hidrocarburos, con implicaciones que podrían extenderse a otras tramas relacionadas, como las adjudicaciones públicas investigadas en el ‘caso Koldo’.

Fuentes cercanas al caso subrayan la complejidad de esta red, que no solo habría defraudado millones de euros al erario público, sino que también habría utilizado estructuras empresariales opacas y prácticas ilícitas para eludir los controles fiscales.

Contexto: el ‘caso Koldo’

Paralelamente, el empresario Víctor de Aldama sigue siendo investigado en el ‘caso Koldo’, en el que el juez Leopoldo Puente examina posibles irregularidades en la gestión de contratos de emergencia durante la pandemia. Las pesquisas apuntan a una serie de adjudicaciones millonarias realizadas fuera de los procedimientos habituales para la compra de material sanitario, en las que De Aldama habría actuado como conseguidor.

Con el desarrollo de esta operación, las autoridades esperan arrojar luz sobre una trama que combina fraude fiscal, corrupción y redes empresariales ilícitas, dejando claro el firme compromiso de la Audiencia Nacional y las fuerzas de seguridad con la lucha contra los delitos económicos.

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