El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa contra el fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha dictado un auto en el que acuerda mantener por separado, con su propia representación y defensa, a las cuatro acusaciones populares personadas en este procedimiento por tener intereses diferentes.
En su auto, el instructor explica que, «aunque existe una generalizada tendencia a agrupar a las acusaciones bajo una misma representación, ello no significa que deba convertirse en regla general sin analizar las circunstancias de cada caso».
El magistrado considera que, de las cuatro acusaciones populares personadas en esta causa, dos de ellas, el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), tienen intereses corporativos propios, que no coinciden con los del resto de las acusaciones, por lo que deben llevar por separado sus respectivas postulaciones.
Respecto a las otras dos acusaciones, el sindicato Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el instructor no ve inconveniente a que, por ahora, sigan manteniendo su propia representación y defensa, ya que la diferencia a que sea una más, o dos, las acusaciones populares que intervengan en la causa, en principio, no perturbaría la buena marcha del proceso.
Origen de la causa contra el fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo decidió por unanimidad, a mediados del pasado mes de octubre, abrir una investigación contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por un presunto delito de revelación de secretos.
El origen la causa se remonta al 14 de febrero, cuando la Fiscalía de Madrid publicó una nota informativa en la que detallaba correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal del caso Julián Salto, en relación con una investigación sobre un supuesto fraude fiscal.
Este comunicado generó la denuncia de González Amador, al considerar que se vulneraba su derecho a la confidencialidad.
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