La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, declaró este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la investigación que la señala por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.
En un cambio de estrategia respecto a sus dos comparecencias previas, Gómez optó por responder únicamente a las preguntas formuladas por su abogado en torno al desarrollo del software y al registro de las marcas vinculadas al proyecto académico de la Universidad Complutense de Madrid que Gómez codirigía.
Durante la sesión, que duró algo más de 35 minutos, la investigada sostuvo que nunca tuvo la intención de apropiarse de la marca Transformación Social Competitiva (TSC), ni del software financiado por empresas en favor de la UCM. En este sentido, Gómez explicó que el logo de TSC fue registrado antes de que se aprobaran oficialmente el máster y la cátedra, asegurando que fue “puesto al servicio de la Universidad Complutense” posteriormente.
Por su parte, en relación a la marca de la Plataforma Transforma, la esposa del presidente sugirió que esta habría sido registrada con el único objetivo de protegerla mientras se desarrollaba el proyecto tecnológico.
En otro orden de ideas, Gómez también negó que su contratación en 2017 por el Instituto de Empresa (IE) estuviera influida por su relación con Pedro Sánchez, argumentando que cuando fue contactada, su esposo aún no ocupaba el cargo de presidente del Gobierno, por lo que no habría existido ningún privilegio derivado de su vínculo personal.
Asimismo, Gómez declaró ante el juez que su papel en las adjudicaciones relacionadas con el empresario Juan Carlos Barrabés fue estrictamente limitado y profesional. Según explicó, su participación se redujo a la firma de cartas de recomendación solicitadas en el marco de sus funciones habituales, subrayando que no tuvo ninguna influencia en los procesos de licitación pública ni en la toma de decisiones relacionadas con las adjudicaciones.
Antecedentes controvertidos en la investigación
Esta fue la tercera vez que la esposa del presidente acudió ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, con la diferencia de que en sus dos primeras citaciones, el 5 y el 19 de julio, Gómez se acogió a su derecho a no declarar. En la primera ocasión, Gómez alegó que no había recibido una notificación adecuada sobre los motivos de la querella, mientras que en la segunda ocasión su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, le recomendó guardar silencio ante la falta de garantías en el procedimiento que entonces se dirigía en su contra únicamente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
No obstante, en el mes de octubre, el juez Juan Carlos Peinado amplió la investigación en su contra a raíz de una querella que presentó Hazte Oír por la supuesta apropiación indebida del software de la UCM y el presunto intrusismo laboral en la redacción de pliegos técnicos para contratar servicios relacionados con el proyecto. Una acusación que se sumó a la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias, que señalaba que Gómez, “prevaliéndose de su estatus personal”, habría recomendado o avalado a empresarios en procesos de licitación pública.
Una comparecencia bajo discreción
La comparecencia de Gómez estuvo marcada por un ambiente más discreto en comparación con las citas previas. Dado que el dispositivo de seguridad desplegado fue considerablemente menor que en otras ocasiones, con varios furgones policiales que custodiaron la zona desde primera hora de la mañana.
Adicionalmente, por autorización de la juez decana de Madrid, Gómez accedió al edificio a través del garaje a las 9:40 horas, vestida con un traje de chaqueta negro y escoltada por cuatro personas. Una vez en el edificio, la investigada subió a la sexta planta, donde se encuentra el despacho del Juzgado de Instrucción Número 41, aunque al encontrarse ocupada la sala habitual, la declaración se trasladó a la tercera planta.
Durante la comparecencia, los pasillos del juzgado contaron con seguridad adicional, permitiendo el acceso únicamente a cuatro agencias de noticias, en un intento fallido de minimizar la exposición del caso, que vuelve al centro del debate mediático con este cambio de estrategia que busca desmontar las acusaciones y evitar que la causa avance hacia una etapa más comprometedora.
Críticas de las acusaciones populares a la estrategia de Begoña Gómez
No obstante, el hecho de que Begoña Gómez haya respondido únicamente a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, ha generado importantes críticas por parte de las acusaciones populares. En este sentido, el abogado de Hazte Oír, Javier Pérez-Roldán, sostuvo que “si de verdad no hubiera nada, (Gómez) hubiera respondido a preguntas también de la acusación y, por lo menos, a las preguntas del juez o del fiscal”, cuestionando la falta de profundidad en las respuestas de la investigada.
“Cuando dice que la carta que presenta o las cartas que presentan en apoyo de Barrabés son simplemente para apoyar un proyecto, es absurdo”, afirmó Pérez-Roldán, criticando que Gómez haya hablado sobre los contratos de Barrabés y sobre su contratación en el IE cuando, en realidad, tenía que declarar sobre la apropiación del software de la UCM.
En la misma línea, la abogada de Vox, Marta Castro, ha expresado su inconformidad con las explicaciones aportadas por Gómez. “Es la tercera declaración y la realidad es que seguimos con preguntas que no se han contestado. No tenemos las respuestas”, aseguró Castro, criticando que la esposa del presidente no mencionara las visitas del rector de la UCM a Moncloa o las llamadas a las empresas que patrocinaron la Catedral Extraordinaria.