Al cumplirse un año del trágico fallecimiento de Carlos León, un soldado de 24 años ahogado durante un ejercicio en Cerro Muriano, su familia denuncia las negligencias y decisiones imprudentes de la cadena de mando que llevaron a su muerte y a la del cabo Miguel Ángel Jiménez. El caso, calificado como un «despropósito técnico» por un perito, sigue generando controversia mientras avanza el proceso judicial.
Defensa cesa al capitán al frente de los ejercicios de Cerro Muriano
Una muerte evitable marcada por la imprudencia
En una rueda de prensa celebrada este jueves, Sergio Pérez León, primo de Carlos, señaló que la tragedia se debió a la «mala praxis» y los «egos» de los mandos responsables, quienes ordenaron un ejercicio acuático sin las condiciones mínimas de seguridad. “Si se hubiera actuado diligentemente, podrían haberse salvado”, declaró, lamentando la falta de recursos básicos como ambulancias, médicos o zodiacs en el lugar del ejercicio.
La familia también expresó su indignación porque los mandos implicados continuaron ejerciendo funciones durante meses después del accidente. «Exigimos que lo ocurrido no vuelva a repetirse y que se haga justicia«, manifestó Pérez León.
Un ejercicio calificado de “inviable”
El perito Luis Bejarano, brigada en la reserva del Ejército de Tierra y exinstructor de natación, calificó el ejercicio como “inviable” y “un caso muy puntual de negligencia”. Según explicó, antes de realizar este tipo de prácticas es imprescindible evaluar las capacidades de los participantes, algo que no se hizo en esta ocasión.
“Por mucha experiencia que tengas, si no has recibido la formación adecuada, estas situaciones no se pueden llevar a cabo. Si yo hubiera estado presente como instructor, no habría permitido que se iniciara el ejercicio”, afirmó tajantemente.
Bejarano subrayó que la vida de los soldados debería prevalecer siempre sobre cualquier otro objetivo, añadiendo que no existe normativa que obligue a realizar este tipo de maniobras en condiciones inseguras.
Reclamaciones legales y penas de prisión
El abogado de la familia, Luis Romero, anunció que pedirá las máximas penas para los seis mandos procesados, a quienes se acusa de dos delitos de homicidio imprudente consumado y otros dos en grado de tentativa, ya que dos soldados más estuvieron a punto de perder la vida. Estas penas podrían alcanzar hasta 12 años de prisión.
Romero recordó que los militares no están obligados a cumplir órdenes cuando estas sean ilegítimas. “Este caso debe mantenerse vivo en la memoria colectiva para que no vuelva a suceder algo similar”, declaró, evocando la petición del padre de Carlos León tras el accidente.
Homenaje a Carlos León
Durante la rueda de prensa, el primo de Carlos dedicó unas emotivas palabras en su recuerdo, destacando su carácter responsable y valiente. “Era la imagen de la responsabilidad, pero aquel día no le permitieron mantener los pies en la tierra. Lo seguimos llevando en nuestros corazones”, concluyó.
Exigencias a las autoridades
La familia pidió al Ministerio de Defensa que aumente los presupuestos destinados a garantizar las medidas de seguridad en los cuarteles, para evitar futuras tragedias. También lamentaron que, aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, mostró interés por el caso, no reconoció públicamente los errores cometidos.
Este caso, que ha puesto de manifiesto graves fallos en la organización y seguridad del Ejército, se convierte en un símbolo de la lucha por los derechos y la dignidad de los soldados en España.