jueves, diciembre 19, 2024
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La Comunidad de Madrid exige al Gobierno central que “saque sus manos” de la Real Casa de Correos

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso califica la medida como una “barbaridad” y amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional

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La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha intensificado su enfrentamiento con el Gobierno central al exigir formalmente que se anule el procedimiento de declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. Una medida que constituye el paso anterior a que el Gobierno regional presente un recurso ante el Tribunal Constitucional, argumentando que el Ejecutivo de Sánchez ha incurrido en una “invasión de competencias” y un ataque a su autonomía.

El conflicto entre ambas administraciones comenzó el pasado 16 de octubre, cuando la Dirección General de Atención y Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Presidencia, aprobó la resolución para iniciar el expediente de catalogación bajo el marco de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que pretende preservar espacios simbólicos relacionados con la dictadura franquista para evitar que se repitan episodios oscuros del pasado. Una decisión que, según el Gobierno central, se fundamenta en que el emblemático edificio, sede de la Presidencia madrileña desde 1985, albergó durante la dictadura la Dirección General de Seguridad, estrechamente vinculada a los episodios de represión. 

No obstante, el Gobierno madrileño, a través de su portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha rechazado frontalmente esta iniciativa, calificando la declaración como una “auténtica barbaridad” que busca politizar y vincular “la casa común de todos los madrileños” con el Franquismo, centrándose en un periodo limitado que representa apenas “un 15%” de su historia frente a los más de 250 años de “resignificación” en los que el edificio ha servido como Capitanía General, Gobierno Militar y Ministerio de Gobernación.

“Exigimos al Gobierno central que saque sus manos de la Real Casa de Correos, un Gobierno que todo lo que toca lo convierte en un caos o, como en este caso, lo ensucia”, subrayó García Martín, recordando que el edificio cuenta con la máxima protección como Bien de Interés Cultural.

En este sentido, el acuerdo aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno hace referencia a la “invasión de competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid” que supone dicha catalogación, citando áreas específicas como la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; la gestión del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés; la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones; el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid; y sus facultades como poder público en defensa de la libertad, la justicia y la igualdad de los ciudadanos.

Además, la Comunidad de Madrid teme que la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática sea utilizada para convertir el edificio, símbolo de la autonomía regional, en el epicentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, programados por el Gobierno central para 2025.

“Los actos que se celebren o no en la Real Casa de Correos serán decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, de forma particular, de la Presidencia de la Comunidad. Solo faltaba”, subrayó García Martín, reiterando una vez más que la medida responde a una maniobra política del Gobierno central para desviar la atención de “los casos y tramas de corrupción que presuntamente le están afectando”.

Se trata, por tanto, de la formalización de un requerimiento que refuerza la postura planteada por el Ejecutivo madrileño en el escrito de alegación que presentó el pasado mes, en el que denunciaba “la total falta de lealtad institucional” del Gobierno central por no haber consultado a las autoridades autonómicas antes de iniciar el expediente. De modo que, de no atenderse la solicitud, el caso podría escalar al Tribunal Constitucional, bajo el artículo 63 de la Ley Orgánica que protege a las comunidades autónomas en casos de invasión competencial.

La Comunidad de Madrid rechaza participar en los actos conmemorativos por los 50 años de la muerte de Franco

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