Un juzgado de Madrid ha convocado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por parte de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este trámite busca que Sánchez se retracte de haberle llamado «delincuente confeso», calificativo que utilizó tras unas declaraciones sobre un caso de fraude fiscal.
Acto de conciliación: paso previo a una querella
El acto, fijado para el próximo 12 de febrero en el Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid, es obligatorio según el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) antes de presentar una querella por injurias o calumnias. Este procedimiento tiene como objetivo evitar un pleito mediante un posible acuerdo entre las partes. No obstante, Sánchez no está obligado a asistir personalmente ni tampoco sus abogados.
La polémica surge a raíz de unas declaraciones del presidente en Bruselas, donde calificó al empresario como «delincuente confeso», basándose en un correo electrónico en el que el abogado de González Amador reconocía, en nombre de su cliente, un fraude fiscal como parte de un acuerdo con la Fiscalía.
La reacción de Sánchez y el contexto
En su intervención, Sánchez afirmó que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «actuó correctamente al perseguir al delincuente y combatir bulos». Además, aprovechó la ocasión para pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, alegando que la situación de su pareja ponía en cuestión su credibilidad como presidenta de la Comunidad de Madrid.
El término «delincuente confeso» ha sido el eje de la denuncia presentada por González Amador, quien ha emprendido acciones legales contra varios miembros del Ejecutivo por considerar que estas declaraciones afectan a su honor y reputación.
El trasfondo legal
El correo que desató el conflicto se relaciona con un acuerdo en el que González Amador reconocía ante la Fiscalía haber defraudado a Hacienda. Sin embargo, la defensa del empresario sostiene que el reconocimiento formaba parte de una estrategia procesal y que calificarle públicamente como «delincuente confeso» supone un acto de injuria y calumnia.
Por su parte, el entorno de Sánchez mantiene que las declaraciones del presidente estaban basadas en hechos comprobados, y subrayan que no existe ninguna irregularidad en su intervención.
Posibles escenarios
Si el acto de conciliación no logra resolver la disputa, González Amador podrá formalizar la querella contra Pedro Sánchez, lo que abriría un nuevo capítulo judicial con implicaciones políticas en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.