En la foto faltaban «dos atriles». Lo evidenció el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la firma, este viernes 20 de diciembre, del acuerdo suscrito con el Ministerio de Trabajo para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Sí estaban la titular del Departamento, Yolanda Díaz, y el secretario general de CC.OO., Unai Sordo.
Pero faltaban la patronal, los empresarios, que ya a primeros de noviembre se levantaron de la mesa de negociación. Tanto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) -esta última, integrada en la CEOE-, argumentaron en su momento que rechazaban por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo de reducción legal de la jornada laboral.
Y lo hicieron (lo han hecho) por varias razones:
1.- Porque consideran que modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución.
Este precepto constitucional reconoce y protege «el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios».
2.- Del igual forma, subrayan que la aprobación de esta norma debilita el marco de negociación colectiva que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años y, en la práctica, aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia.
3.- También sostienen que difícilmente se va a incrementar la productividad a partir de la reducción de jornada, en un tejido productivo compuesto en alrededor de un 98 % por pymes y autónomos, y donde los sectores con mayor aportación al PIB están vinculados, entre otros, a los servicios o el turismo.
4.- Finalmente cuestionan la utilidad de este tipo de medidas, teniendo en cuenta «las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas».
Trabajo y sindicatos acuerdan las 37,5 horas semanales, pendientes del trámite parlamentario