Esta solicitud surge en el marco de la causa por revelación de secretos que afecta a Alberto González Amador.
Acusaciones de gravedad contra García Ortiz
La APIF, que actúa como acusación popular en esta causa, ha atribuido a García Ortiz los delitos de apoderamiento ilícito de información y prevaricación administrativa. Según el escrito presentado al juez instructor Ángel Hurtado, estas acusaciones se sustentan en informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los cuales detallan la presunta extracción y uso irregular de información confidencial por parte del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Pruebas que apuntan al fiscal general
En el centro de la polémica se encuentran los datos incautados durante los registros efectuados en el despacho de García Ortiz y en la oficina de Rodríguez. Según la APIF, el informe de la UCO concluye que la filtración de información ocurrió durante la noche del 13 al 14 de marzo, mediante mensajes enviados por WhatsApp y correos electrónicos no corporativos.
La asociación afirma que el fiscal general habría utilizado estos canales no oficiales para solicitar datos sensibles, rompiendo los protocolos establecidos. “Ni el fiscal general ni la fiscal jefe provincial estaban autorizados a disponer de esa información, lo que configura un claro caso de apoderamiento ilegal,” señalan.
Solicitudes al juez instructor
Entre las diligencias solicitadas por la APIF al juez Hurtado destacan:
- La citación como investigado de Álvaro García Ortiz.
- La entrega de los protocolos de borrado de datos empleados en dispositivos de la Fiscalía.
- El acceso al listado de llamadas y mensajes enviados y recibidos desde los teléfonos móviles de García Ortiz y Rodríguez durante las fechas clave.
- La verificación de si el fiscal general ha cambiado de terminal telefónico desde los hechos investigados.
Además, la APIF subraya que la manipulación y posterior eliminación de mensajes de WhatsApp supone una brecha de seguridad y un intento de ocultar pruebas.
Uso de medios no oficiales con «total nocturnidad»
Uno de los puntos más críticos del informe presentado por la asociación es el uso de WhatsApp fuera del horario laboral para exigir la entrega de documentación sensible. Según la APIF, esta actuación no solo vulnera los protocolos establecidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sino que también constituye un caso evidente de prevaricación administrativa.
“Las órdenes verbales transmitidas de manera irregular y fuera de los cauces legales representan un claro incumplimiento de la normativa vigente,” recalcan.
Delitos de revelación de secretos y prevaricación
En su escrito, la asociación plantea que las actuaciones de García Ortiz podrían encajar en los delitos de infidelidad en la custodia de documentos públicos, descubrimiento y revelación de secretos, o incluso un delito de prevaricación administrativa en concurso con otros ilícitos.
“La extracción de información de un entorno seguro para su envío a un correo no corporativo, sin constancia oficial ni firma electrónica, demuestra una falta absoluta de respeto por las normativas de seguridad,” añaden.
Relevancia de los hechos y posibles consecuencias
El caso, que sigue bajo investigación, amenaza con profundizar la crisis en la Fiscalía General del Estado. La APIF ha enfatizado que las actuaciones irregulares del fiscal general y su equipo no solo dañan la confianza en la institución, sino que también podrían derivar en responsabilidades penales de gran alcance.
La decisión del juez Ángel Hurtado sobre las solicitudes planteadas será crucial para determinar el curso de esta polémica causa, que pone en el punto de mira a la cúpula del Ministerio Fiscal.