Estas revelaciones surgen tras un pacto entre Junts y el PSOE que contempla la desclasificación de documentos solicitados por el Congreso.
Documentos clave en la investigación
El Consejo de Ministros ha abordado este lunes la desclasificación de archivos relevantes para esclarecer los hechos que llevaron a los atentados del 17 de agosto de 2017. Entre los documentos publicados figura el registro de visitas realizadas al imán Abdelbaki Es Satty, señalado como cerebro de los ataques. Es Satty cumplió prisión entre 2012 y 2014 por delitos de narcotráfico y durante ese tiempo fue entrevistado por agentes del CNI y miembros de la Guardia Civil.
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El exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, ya había reconocido en una comisión parlamentaria que estas visitas estaban relacionadas con estrategias para combatir la radicalización y el proselitismo en mezquitas y cárceles. Sin embargo, negó que el imán fuera confidente del CNI y rechazó cualquier teoría que sugiera complicidad o conocimiento previo de los atentados por parte de los servicios de inteligencia.
Polémicas y declaraciones
Sanz Roldán defendió con firmeza la actuación del CNI, calificando de “infamia” cualquier insinuación de que las muertes de 16 personas pudieran haberse evitado. También desestimó las teorías de conspiración que han surgido alrededor del caso, asegurando que “no existe ni existirá evidencia alguna” que apoye dichas hipótesis.
El atentado y sus responsables
Los atentados de 2017 dejaron un saldo de 16 víctimas mortales y 140 heridos. La célula yihadista responsable, liderada por Es Satty, operaba desde un chalet en Alcanar (Tarragona), donde una explosión el 16 de agosto desbarató parte de sus planes. Al día siguiente, la furgoneta conducida por uno de los terroristas arrolló a decenas de personas en Las Ramblas de Barcelona, marcando uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de España.
En 2023, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de 43 y 36 años de prisión para Driss Oukabir y Mohamed Houli, principales responsables sobrevivientes. Said Ben Iazza, otro implicado, vio reducida su condena a 18 meses al no haberse probado con certeza su conocimiento pleno de las actividades de la célula.
Impacto político y social
La desclasificación de estos documentos es vista como un paso importante para la transparencia y esclarecimiento de los hechos, aunque algunos sectores consideran que las revelaciones podrían avivar teorías conspirativas. El pacto entre el PSOE y Junts también ha generado debate político sobre el uso de información sensible como herramienta de negociación parlamentaria.
Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia completa, y la sociedad española no olvida el horror vivido aquel verano de 2017.