Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, el Gobierno ha llevado a cabo cerca de 30 traspasos de competencias a distintas comunidades autónomas, consolidando un modelo de descentralización que ha favorecido especialmente al País Vasco. Con 16 competencias asumidas desde entonces, cinco de ellas en 2024, Euskadi se posiciona como la gran beneficiada, acaparando casi el 60% de las transferencias realizadas bajo el actual Ejecutivo.
El protagonismo vasco quedó ratificado en noviembre de este año, cuando Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales pactaron la transferencia de dos nuevas competencias: la gestión del litoral y la cinematografía. Un acuerdo que incluyó un ambicioso calendario que contemplaba cuatro transferencias adicionales antes de finalizar el año y una veintena más para 2025, entre las que destaca la Seguridad Social.
Entre las materias ya asumidas por Euskadi destacan la gestión penitenciaria, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el control de Cercanías, el transporte por carretera y las prestaciones sanitarias del seguro escolar, entre otras. Además, este año también se sumó la transferencia de competencias de orden público en puertos y aeropuertos, otorgando un mayor protagonismo a la Ertzaintza en estas instalaciones. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que la Policía Nacional y la Guardia Civil seguirán ocupándose de extranjería, fronteras y fraude fiscal.
Cataluña y otras regiones en la lista
Cataluña, aunque en una posición mucho más modesta, ocupa el segundo lugar en el reparto de competencias bajo el mandato de Sánchez. La Generalitat ha recibido la gestión del IMV y ha visto ampliadas otras tres competencias relacionadas con la provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Asimismo, en la reciente Junta de Seguridad de Cataluña se acordó que los Mossos d’Esquadra asuman la investigación de delitos e ilícitos administrativos en materia medioambiental, una función que hasta ahora desempeñaba la Guardia Civil. No obstante, ambas administraciones continúan negociando traspasos clave, como el de Rodalies, la competencia de becas y varios edificios públicos pendientes de resolución.
Navarra, por su parte, ha recibido tres transferencias por parte del actual Gobierno: la sanidad penitenciaria, el IMV y la competencia de tráfico. Aunque este último fue inicialmente anulado por el Tribunal Supremo debido a defectos en su ejecución, un nuevo acuerdo entre el Ejecutivo central y el Gobierno autonómico permitió blindar el traspaso.
Mientras tanto, la Comunidad Valenciana ha visto ampliadas sus competencias patrimoniales en materia de conservación de la naturaleza y edificación, fortaleciendo su autonomía en estas áreas y consolidando su posición como cuarta comunidad en la lista de transferencias.
El proceso de descentralización también ha alcanzado a comunidades insulares como Baleares y Canarias, que han recibido la gestión del litoral. Sin embargo, ambas comunidades autónomas han expresado su descontento, argumentando que las transferencias se realizaron de manera incompleta.
Por otro lado, Galicia está a punto de cerrar su primer traspaso desde 2008 con la gestión del litoral, un paso que se formalizará en las próximas semanas. Mientras que la Comunidad de Madrid solo ha obtenido la ampliación de un traspaso previo relacionado con medios de asistencia sanitaria.
En contraste, diez comunidades autónomas no han recibido ninguna transferencia de competencias desde 2018. De modo que, aunque algunas de ellas han logrado avances fiscales, como la cesión del impuesto de residuos, la ausencia de nuevas transferencias evidencia un desequilibrio en el modelo de descentralización promovido por el actual Gobierno.
Más de 2.000 transferencias en democracia
Desde 1978 hasta 2024, las comunidades autónomas han acumulado un total de 2.017 traspasos, según datos del Ministerio de Política Territorial. En este sentido, Cataluña lidera este listado histórico con 192 transferencias, seguida por Andalucía y Galicia con 155 cada una, mientras que Euskadi ocupa el sexto lugar con 120 competencias.
No obstante, es importante recordar que entre 2015 y 2017, bajo el mandato de Mariano Rajoy, no se produjo ningún traspaso, lo que marcó un paréntesis en el proceso de descentralización iniciado con la Constitución de 1978.
De modo que el actual reparto de competencias refleja el interés del Gobierno por reforzar la autonomía regional, aunque su reparto asimétrico refuerza la necesidad de alcanzar un equilibrio que responda tanto a las demandas de las comunidades más activas en la negociación como a las necesidades de aquellas que han quedado rezagadas en este proceso.