Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compareció este miércoles ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo dentro de la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos confidenciales sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
Rodríguez llegó a las puertas del Tribunal Supremo, en el madrileño Palacio de las Salesas, alrededor de las 9:30 de la mañana. Sin asistencia legal y acompañado por dos personas, se mostró desafiante ante los periodistas congregados a las puertas del edificio. “La verdad, siempre pa’lante”, respondió con contundencia, descartando cualquier temor a ser imputado, dado que considera que no existen pruebas para ello.
Ya en el interior de la sala, donde permaneció aproximadamente 45 minutos, Rodríguez respondió a las preguntas del magistrado instructor Ángel Hurtado y de la Fiscalía. Una vez terminada la sesión, Rodríguez reafirmó ante los medios su compromiso con la verdad e insistió en que García Ortiz “tiene que ser juzgado y condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español”.
En este sentido, Rodríguez responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de orquestar “una operación política contra un rival político” que “de ninguna manera se puede soportar en democracia”. “Si el señor González Amador no fuera el novio de Ayuso, hacía tiempo que este asunto lo habría resuelto Hacienda, como miles de casos diarios”, añadió.
Asimismo, el jefe de gabinete de Ayuso reconoció haber difundido un correo del fiscal Julián Salto, quien se encontraba a cargo de la investigación de González Amador. “El texto del fiscal señor Salto dice: ‘No es obstáculo para poder llegar a un acuerdo si su cliente y usted así lo creen’. Ese es el texto que yo difundo”, aseguró. No obstante, Rodríguez negó conocer el correo previo en el que la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales para alcanzar un acuerdo y resolver el caso.
“Dicen: ‘Pero es que había un ‘email’ anterior’, que yo desconocía y que el fiscal señor Salto tampoco cita, porque podría haber dicho el fiscal: ‘Estamos en condiciones de llegar a un acuerdo, tal y como usted pidió el día 2 de febrero’. Pero eso no lo dice el señor Salto, así que si no consideró importante citar ese ‘email’ el día 12 de marzo, ¿por qué ahora ese ‘email’ es tan importante?”, sentenció el funcionario madrileño.
Por último, Rodríguez también cuestionó la denuncia presentada por el PSOE en su contra por presuntamente revelar datos de dos periodistas de El País, calificándola de “rara” por haberse presentado diez meses después de los hechos. “¿Cuál es la revelación de secretos, que leo el diario El País? Pues vaya secreto”, afirmó, asegurando que se trata de una estrategia política para desviar la atención.
La cronología de la filtración
El caso sobre la presunta filtración de datos fiscales de la pareja de Ayuso ha generado especial interés debido a la confusa cronología de los acontecimientos, que tienen su origen la noche del 13 de marzo de 2024, cuando varios medios informaron sobre los correos electrónicos que involucraban al fiscal Julián Salto y a la defensa de González Amador.
En este sentido, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz y a Pilar Rodríguez —jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid e imputada en la causa—, sostiene que existe un lapso clave entre las 21:59, cuando García Ortiz y su subordinada Pilar Rodríguez recibieron los correos, y la publicación de La Sexta apenas 11 minutos después. Un margen temporal que consideran insuficiente para que los fiscales filtraran la información confidencial.
Además, los Servicios Jurídicos del Estado sugieren que Miguel Ángel Rodríguez podría haber tenido acceso a los correos electrónicos antes que los propios fiscales, ya que las publicaciones en redes sociales del jefe de gabinete de Ayuso y el artículo publicado por el periódico El Mundo a las 21:29 ya revelaban detalles sobre los correos, antes de que estos llegaran a manos de los fiscales.
Es por esto que el Tribunal Supremo, bajo la instrucción del magistrado Ángel Hurtado, también ha citado a declarar como testigos a ocho de los periodistas que divulgaron los correos electrónicos para así determinar cómo accedieron a la información y a qué hora se produjo la filtración inicial.