El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado este viernes la presentación de una proposición de Ley Orgánica destinada a proteger los derechos fundamentales frente a lo que considera un uso abusivo de acciones judiciales por parte de sectores extremistas. Esta iniciativa incluye medidas para reformar la acusación popular, la inadmisión de querellas basadas en simples recortes de prensa, la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y una nueva causa de recusación para jueces que hayan manifestado opiniones políticas.
Según López, el objetivo principal es poner fin a los mecanismos de «acoso judicial» que emplean grupos ultras para atacar a artistas, periodistas y adversarios políticos. “Estos sectores pervierten las herramientas del Estado de Derecho para perseguir a quienes no comparten sus planteamientos, vulnerando derechos fundamentales como la libertad de expresión, la creación artística o el derecho a la tutela judicial efectiva”, explicó.
Reformas clave en la propuesta del PSOE
- Limitación de la acusación popular
La reforma plantea restringir la participación de la acusación popular a la fase de juicio oral y la formulación inicial de querellas, dejando el protagonismo en la instrucción a la Fiscalía y a las víctimas directas de los delitos. Con ello, se pretende evitar las filtraciones interesadas y las diligencias desconectadas del objeto de las investigaciones.
Asimismo, se exigirá un vínculo concreto y relevante con el interés público para poder ejercer como acusación popular. Los jueces estarán facultados para denegar la personación si dicho vínculo no se acredita, y los partidos políticos, junto con sus asociaciones vinculadas, quedarían excluidos de esta posibilidad.
- Inadmisión de querellas basadas en recortes de prensa
La propuesta incorpora de manera explícita la doctrina del Tribunal Supremo, que impide abrir procedimientos penales basados exclusivamente en recortes de prensa sin indicios sólidos de irregularidades. López ha señalado que este tipo de querellas “sólo buscan desgastar y difamar” a determinadas personas públicas. - Eliminación del delito de ofensas religiosas
El PSOE busca suprimir el artículo 525 del Código Penal, argumentando que este delito es utilizado de forma recurrente por sectores ultraconservadores para perseguir a artistas, activistas y periodistas. Según López, la eliminación de este precepto no despenaliza otros ataques a la libertad religiosa, ya que delitos como las injurias, los delitos de odio o las agresiones contra la libertad de culto seguirán plenamente vigentes. - Nueva causa de recusación de jueces
La iniciativa también propone una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para incluir una nueva causa de recusación. Así, los jueces que hayan realizado manifestaciones públicas a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos u organizaciones concretas no podrán intervenir en casos en los que estas entidades estén implicadas.
López subrayó que esta medida busca garantizar la neutralidad e imparcialidad del Poder Judicial, evitando la politización de la justicia. “Es fundamental proteger el prestigio de nuestros jueces frente a cualquier injerencia externa”, añadió.
Contexto político y social
López lamentó el incremento de estrategias judiciales abusivas que, según él, tienen como fin acosar a quienes no comparten determinadas ideologías. Citó ejemplos recientes de persecución mediática y judicial contra figuras públicas, como la polémica surgida con la presentadora del especial de Campanadas de TVE, Lalachus.
“La judicialización de la política puede llevar a la politización de la justicia, algo fatal para la imagen de imparcialidad del sistema”, advirtió. Para López, es urgente frenar el uso de estas tácticas, que además de desgastar a las personas afectadas, dañan la confianza en las instituciones democráticas.
Tramitación y perspectivas
La proposición de ley no requiere informes previos del CGPJ ni del Consejo de Estado, lo que permitirá una tramitación más ágil en el Parlamento. López confía en reunir una amplia mayoría para sacar adelante la iniciativa y frenar lo que considera una amenaza creciente para los derechos fundamentales.
“Estamos convencidos de que existe una sensibilidad social mayoritaria para entender que estas prácticas abusivas deben detenerse”, concluyó.