La decisión judicial en torno al polémico caso de Juana Rivas sigue generando debate. La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Granada, Aurora Angulo, ha determinado que no es competente para abordar las medidas de protección del menor, ya que los hechos denunciados tuvieron lugar en Italia, país donde reside el padre y se tramitan actualmente las actuaciones principales. En su resolución, la magistrada ha ordenado remitir una copia de la denuncia a las autoridades italianas y ha subrayado que ni la Fiscalía ni la propia Juana Rivas habían solicitado trasladar el caso a su jurisdicción.
La fiscalía italiana acusa al exmarido de Juana Rivas por presunto maltrato a sus hijos
No obstante, la medida cautelar de suspensión de la entrega del menor al padre, dictada por otro juzgado previamente, no se ve afectada por esta resolución, según explican los abogados de Rivas.
Las razones de la jueza
La jueza Aurora Angulo considera que los mensajes enviados por el exmarido de Rivas, Francesco Arcuri, no constituyen violencia de género, al no dirigirse directamente contra ella en ese contexto, sino que se enmarcan en una supuesta violencia doméstica. Además, aún está pendiente de resolverse la denuncia presentada por Juana Rivas sobre las 45 llamadas telefónicas que recibió de su exmarido en menos de ocho días.
El equipo jurídico de Rivas, liderado por la abogada María Martos, ha declarado en el programa La Hora de la 1 que trabajarán para que la medida de protección al menor pase de ser provisional a definitiva. Martos también ha resaltado que no existe un plazo concreto para que el niño regrese a Italia, ya que será necesario determinar qué instancia judicial es finalmente competente para abordar el caso.
Igualdad y la protección del menor
Desde el Ministerio de Igualdad, se ha destacado la importancia de priorizar el interés superior del menor. La ministra Ana Redondo ha insistido en que garantizar la seguridad del niño y evitar que conviva con un maltratador deben ser objetivos primordiales. Además, ha subrayado que el Reglamento 2019/1111 de la Unión Europea permite a los tribunales españoles rechazar el reconocimiento de resoluciones extranjeras si vulneran el orden público, en el que se incluyen los derechos del menor y de la madre.
Redondo ha llamado también a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para reforzar la aplicación de medidas específicas contra la violencia vicaria, una forma de maltrato que utiliza a los hijos como herramienta para dañar a las madres.
Por su parte, figuras como Ione Belarra e Irene Montero han apoyado públicamente a Juana Rivas, señalando que forzar al menor a regresar con su padre constituye un acto contrario a las leyes de protección a la infancia y a las víctimas de violencia machista.
Una denuncia con antecedentes
El caso de Juana Rivas no es nuevo en la escena mediática ni judicial. En 2017, fue condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores, tras desaparecer con sus hijos para evitar entregarlos a su expareja, a quien acusó de maltrato.
Desde entonces, Rivas y sus abogados han presentado múltiples denuncias tanto en España como en Italia. Entre ellas, destacan las recientes acusaciones de mensajes intimidatorios y acoso telefónico por parte de Arcuri, así como las supuestas amenazas del padre hacia el menor para que declarase en contra de su madre.
El relato del niño, de 10 años, ha sido clave en los últimos procedimientos. Según fuentes judiciales, el menor expresó su temor a regresar con su padre, lo que llevó a una jueza de guardia a paralizar cautelarmente la orden de la justicia italiana el pasado 8 de enero.
Próximos pasos
A pesar de la denegación de medidas de protección por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Granada, el caso sigue abierto. La denuncia deberá retornar al Juzgado de Instrucción n.º 4, que determinará cómo proceder.
Mientras tanto, el debate sobre la violencia vicaria y la necesidad de garantizar los derechos de los menores y las madres sigue ocupando un lugar destacado en la agenda social y política en España. Juana Rivas, apoyada por diversas instituciones y colectivos, continúa luchando para que su hijo no sea entregado a su exmarido.
Con este último giro judicial, el caso se reafirma como uno de los mayores desafíos en la protección de menores y la lucha contra la violencia machista en el ámbito legal español.