La proposición de ley presentada por el PSOE para restringir las acusaciones populares ha generado una intensa polémica en España, desencadenando duras críticas provenientes tanto de la oposición política como del ámbito judicial. De manera que, mientras los socialistas defienden la medida como un intento necesario para evitar abusos en el sistema judicial, sus detractores consideran que la iniciativa constituye un ataque directo al equilibrio democrático y a la capacidad de investigar delitos graves.
Esta postura ha sido especialmente contundente en el ámbito judicial, donde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha solicitado la “intervención” de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, alertando sobre lo que consideran como un “nuevo ataque” al Estado de derecho que, de ser aprobado, “limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción”.
En este sentido, la asociación destaca que la disposición transitoria que introduce efectos retroactivos en la proposición de ley podría derivar en el archivo de investigaciones penales actualmente en curso, muchas de ellas de gran relevancia mediática debido a las personas implicadas. De modo que, para la APM, esta cláusula pone en riesgo la continuidad de importantes casos judiciales que hoy se tramitan tanto en juzgados ordinarios como en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Asimismo, la asociación mayoritaria de jueces critica que la reforma vacíe de contenido la acusación popular regulada en el artículo 125 de la Constitución, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a una tutela judicial efectiva. Además cuestionan la introducción de una nueva causa de recusación para jueces, fundamentada en declaraciones políticas. Una medida que, según la APM, “limita nuestra libertad de expresión”, ya que busca “silenciar la discrepancia y la crítica” dentro del sistema judicial.
Los fiscales también rechazan la propuesta para limitar las acusaciones populares
En la misma línea, la Asociación de Fiscales se ha sumado a las críticas, calificando la proposición de ley como una “limitación excesiva” en diversos aspectos. En este sentido, la presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, reprocha al PSOE que, tratándose de una proposición de ley, se haya evitado el trámite de consulta obligatoria a órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal, cuyos informes podrían haber ayudado a evaluar la constitucionalidad y la viabilidad técnica de la reforma.
Asimismo, Dexeus denuncia que la disposición transitoria única, que establece el carácter retroactivo de la reforma, tiene una “intencionalidad clara” de interferir en procedimientos judiciales específicos que están en marcha y que afectan a personas concretas. “La regla general en el derecho procesal-transitorio es que las leyes procesales no son retroactivas”, subraya la presidenta, asegurando que esta excepción despierta serias sospechas sobre los objetivos reales de la reforma.
En cuanto a la prohibición de admitir querellas basadas en “recortes de prensa”, Dexeus sostiene que se trata de un gran error, ya que, históricamente, muchos casos relevantes han surgido de indicios publicados en medios de comunicación.
Además, la presidenta de la asociación ha calificado la nueva causa de recusación para jueces como una medida “excesiva”, argumentando que, aunque los magistrados deben ejercer su labor con prudencia, estos tienen derecho a la libertad de expresión como cualquier otro ciudadano.
Feijóo acusa al Gobierno de buscar la impunidad familiar
Por su parte, desde el plano político, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido con dureza contra la propuesta, calificándola de “inconstitucional” y afirmando que se trata de una medida «propia del régimen de Franco». En este sentido, Feijóo asegura que el principal objetivo de esta reforma es garantizar la “inviolabilidad” de los familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que los sumarios abiertos contra su mujer y su hermano “queden en nada”.
“Se pasa de decir ‘colaboraré con la justicia’ a ‘la justicia, a los efectos de mi familia, no puede actuar’. Estamos ante una medida más propia del régimen de Maduro, del régimen de Franco, que de un país democrático”, afirmó Feijóo, asegurando que la iniciativa del PSOE no es más que una “amnistía preventiva” para proteger a los allegados del presidente.
Asimismo, el líder del PP también advirtió sobre el peligro de prohibir el uso de “recortes de prensa” como base para presentar demandas judiciales, argumentando que dicha prohibición habría impedido el desarrollo de casos históricos como el ‘caso Nóos’, el ‘caso GAL’ o incluso el ‘Watergate’ en Estados Unidos.
Sin embargo, Feijóo no cuestionó únicamente el contenido de la ley, sino también el procedimiento seguido por el PSOE, criticando que se haya prescindido de los informes de los diferentes órganos consultivos, eliminando así un control técnico-jurídico esencial que refuerza la idea de la iniciativa busca proteger intereses específicos, en lugar de velar por el bien común.