La asociación ‘Dignidad y Justicia‘, que defiende los intereses de víctimas del terrorismo, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan de estar «encaminando al país hacia una tiranía» por su intención de «eliminar» la figura de la acusación popular durante la fase de instrucción de los procedimientos judiciales.
Consideran, de hecho, que Sánchez ha dado un «golpe de Estado» porque reformular esa figura procesal «va en contra del artículo 125 de la Constitución Española«, que reconoce y protege el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia. Se trata, a juicio de la asociación, de un «proyecto de ley que es completamente inconstitucional».
Y sostienen que, con esa modificación (que está incluida en la proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales que el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso el pasado 10 de enero) se dejaría a las víctimas «sin capacidad de acción», porque sólo la Fiscalía tendría el «poder para impulsar procedimientos».
Una reforma legislativa que surgió a raíz de la causa abierta contra Begoña Gómez
«Estamos ante la mayor instrumentalización de la Fiscalía de la historia de la democracia», sostiene Portero, quien además acusa a Sánchez de que, con esta proposición de Ley Orgánica, pretende «culminar su control de todo el sistema judicial por la puerta de atrás, con el objetivo de poner fin a las causas que hay abiertas contra su entorno«.
(El impulso de esta reforma legislativa surgió a raíz de que ‘Manos Limpias‘ se personase como acusación popular en la causa abierta contra Begoña Gómez con pruebas basadas en recortes de prensa, según las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo).
«Quieren evitar que las víctimas impulsen procedimientos penales», asegura Portero. Y desde la asociación subrayan que «sin la acusación popular, ni el caso Faisán ni muchas investigaciones contra el entorno de ETA, ni las causas contra los jefes de la banda, ni la mitad de la lucha contra el terrorismo estarían hoy vivas en los tribunales o con sentencia condenatoria».
‘Dignidad y Justicia’ considera «perverso» que las asociaciones que tengan vinculación con partidos políticos no puedan personarse
Desde ‘Dignidad y Justicia’ también califican la proposición de Ley Orgánica como un «proyecto» que «hace algo perverso», en referencia a la prohibición de que actúen como acusación popular las asociaciones que tengan vinculación con algún partido político, «un concepto jurídico indeterminado -precisa Portero- pues quedará a la interpretación de los jueces el alcance de la palabra vinculación».
Por último, señala que, después de que los servicios jurídicos de ‘Dignidad y Justicia’ hayan hecho un análisis exhaustivo de la redacción propuesta, «el proyecto de ley es jurídicamente un despropósito por dos motivos».
«Uno, porque pretende extender a las causas penales una directiva europea que aplica únicamente para procedimientos civiles; y dos, porque su redacción es incoherente».
De hecho, Portero asegura que «plantea modificaciones que luego ni siquiera el propio texto hace, como la supresión de la referencia a las faltas, la restricción de los supuestos para que varias asociaciones se personen baja una misma representación o la exclusión de la acusación popular a pesar de que el terrorismo es un bien jurídico protegido».
Héroes para el recuerdo: los 188 policías nacionales víctimas del terrorismo