El exministro y diputado socialista José Luis Ábalos ha comparecido este lunes ante la Comisión del Estatuto del Diputado para defenderse de las acusaciones que le vinculan al conocido como «caso Koldo». En un documento de más de 80 páginas, Ábalos sostiene que ha sido objeto de una campaña de desprestigio político liderada por sectores de la derecha y la ultraderecha, con el objetivo de debilitar al Gobierno progresista al que perteneció.
Ábalos ha declarado que «todas las filtraciones de la investigación desde febrero de 2024 han seguido una misma dirección, bajo el sello de la confiabilidad de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil». Según el exministro, estas acciones tienen un carácter claramente prospectivo, violando principios básicos del derecho.
El caso Koldo, que investiga presuntos cobros de comisiones por contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, se ha convertido, según Ábalos, en una «causa política creada ad hoc». Además, el exministro ha señalado que detrás de estas investigaciones hay una «serie de venganzas provenientes de mandos de la Guardia Civil que fueron cesados entre 2018 y 2020».
Acusaciones de persecución política hacia Ábalos
Ábalos ha defendido su gestión al frente del Ministerio de Transportes, subrayando que un informe del Tribunal de Cuentas de octubre de 2022 avaló la legalidad de los contratos en cuestión. «Quiero que quienes tienen que tomar una decisión conozcan el origen de esta causa, que tiene una clara motivación política», declaró al llegar al Congreso.
En sus declaraciones a los medios, Ábalos reiteró su confianza en que la Comisión del Estatuto del Diputado tome en consideración las pruebas aportadas, algunas de las cuales sorprendieron a los miembros de la comisión, según aseguró. El exministro lamentó que su caso sea utilizado como «un elemento desechable en una cacería política cuyo verdadero objetivo es el Gobierno».
Próximos pasos en el Congreso
El procedimiento continúa en el Congreso de los Diputados, donde la Comisión del Estatuto del Diputado estudiará las alegaciones de Ábalos antes de emitir sus conclusiones. Según el reglamento, el suplicatorio debe ser sometido a votación en el primer pleno ordinario, lo que, previsiblemente, ocurrirá en febrero. No obstante, algunos grupos parlamentarios han planteado la posibilidad de adelantar el debate al pleno extraordinario del próximo 22 de enero.
La decisión final del Congreso determinará si el Tribunal Supremo puede proceder con la investigación contra Ábalos, quien insiste en su inocencia y denuncia una estrategia coordinada para perjudicarle políticamente.
«El aforamiento no es un privilegio; tengo derechos y voy a luchar por ellos», concluyó el exministro.