Tan sólo cinco días después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, declarase ante el Supremo y exigiese una «condena ejemplar» para el fiscal general del Estado por su presunta participación en la revelación de los correos de Alberto González Amador (pareja de Ayuso), el Supremo ha decidido citar a Álvaro García Ortiz como investigado el próximo 29 de enero.
Y no sólo a él. También a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez (para el día 30), y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez (el día 5 de febrero).
Según el auto del juez instructor, Ángel Luis Hurtado, estaría «apuntalada la presunta participación» de todos ellos en la filtración de los correos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ángel Luis Hurtado los ha citado como investigados teniendo en cuenta las diligencias que se han desarrollado hasta la fecha y, «en particular -según refleja el auto-, los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil», a pesar de que el propio fiscal general los había puesto en duda.
El fiscal general y los otros dos imputados habrían actuado «de manera coordinada» para revelar la información del novio de Ayuso
Para el magistrado, que subraya «el carácter provisional propio de la fase de instrucción», García Ortiz y Pilar Rodríguez habrían actuado «de manera coordinada» con Diego Villafañe «para revelar secretos de los que habría tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados».
Estos hechos serían constitutivos de delito, al infringir el artículo 417 del Código Penal, en el que, precisamente, se establecen las penas (consistentes en una multa de doce a dieciocho meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años) por la revelación de secretos en el caso de cargos públicos.
Ángel Luis Hurtado señala en el auto que «hay una base indiciaria para presumir la relevante participación» de los tres investigados en los hechos constitutivos de delito, según el informe de la UCO del pasado 21 de noviembre de 2024.
Es más, considera que, en el caso del fiscal general, él habría tenido una «participación preeminente» en los hechos que, finalmente, «derivaron en la filtración investigada», según hizo constar la UCO en su informe.
Para el magistrado son «reveladoras» las «prisas de García Ortiz» por hacerse con la información de González Amador
El juez instructor da por tanto credibilidad, «con un elevado grado de verosimilitud», a las diligencias practicadas hasta el momento que sitúan a García Ortiz como el principal artífice de la filtración de la información de González Amador.
También cita en el auto los mensajes que se intercambiaron García Ortíz y Pilar Rodríguez para «lograr hacerse» con la información del novio de Ayuso, que revelan «momentos de urgencia y gran tensión» -asegura el magistrado- y las «prisas por parte del fiscal general del Estado» en recoger esa información.
Una información que, aunque ha habido declaraciones contradictorias durante esta fase de instrucción por parte de testigos e investigados, para Ángel Luis Hurtado parece estar claro que Álvaro García Ortiz podría haber difundido, «por lo que debe llevar a mantener su condición de imputado».
Y también considera que hay indicios suficientes para mantener la imputación de Pilar Rodríguez, por haberse puesto «a disposición» del fiscal general y haber sido la persona que facilitó a Diego Villafañe el expediente de Alberto González Amador que acabó filtrándose a la prensa.
En cuanto a la extensión de la condición de investigado a Diego Villafañe Díez, para quien solicitó tal condición la representación de la acusación particular, el juez indica que cabe presumir «que tiene un papel de relevancia, si se quiere menor, desde el momento que, como teniente fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado, por lo tanto, persona de confianza del fiscal general del Estado, está en contacto con la fiscal María Pilar Rodríguez Fernández, a quien pide que le remita la denuncia, el expediente administrativo y la demás documentación relativa a Alberto González Amador» que posteriormente fue filtrada a los medios.
El juez instructor da total credibilidad a los informes de la UCO
El auto destaca que los informes de la UCO han aportado en las diligencias «una información de peso» y que, al tratarse de diligencias periciales elaboradas desde un organismo oficial y realizadas por funcionarios públicos, «no hay razón para presumir interés alguno en el caso».
Y recuerda que, por el contrario, «conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad», que está «integrada por especialistas sobre cuya cualificación, profesionalidad y conocimientos no se deberían arrojar dudas, ni poner en tela de juicio, infundadamente, la pericia realizada por sus profesionales, cuya reconocida solvencia no habría de ser cuestionada gratuitamente».
De hecho, el juez instructor también hace constar en el auto que «los principios básicos de actuación» de la UCO se realizan «de conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad«, lo que significa que actúan «con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» en su colaboración «con la Administración de Justicia» y el auxilio que le prestan «en los términos establecidos en la Ley”.