Facua-Consumidores en Acción ha «lamentado» este lunes 13 de enero que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya atendido su reivindicación de expropiar el uso de las viviendas vacías a los grandes propietarios para imponerles que las destinen a alquileres a precios sociales regulados por la Administración.
Entre las medidas anunciadas este lunes por Sánchez «no ha incluido ningún tipo de penalización a quienes mantienen vacíos sus inmuebles para especular con sus precios», critican desde la entidad.
De hecho, recuerdan que el pasado octubre trasladaron al presidente una serie de reivindicaciones en materia de vivienda entre las que destacaba la «expropiación del uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores que lleven más de un año vacías para que sean destinadas al alquiler social».
«El presidente -precisan desde FACUA- únicamente ha dado a conocer que los propietarios de viviendas vacías que no las alquilan por temor a sufrir impagos por parte de los inquilinos podrán beneficiarse de una línea de avales del Estado si cumplen una serie de requisitos, entre ellos que apliquen un precio asequible».
Y desde Facua han valorado «positivamente, a priori, esos avales», que comenzarán este año en alquileres con inquilinos de menos de 35 años, pero indican que están «a la espera de conocerla con mayor detalle».
También consideran positivo el programa de financiación de la rehabilitación de las viviendas vacías que vayan a destinarse al alquiler durante al menos cinco años a precio asequible, una medida que según Sánchez se pondrá en marcha durante este año.
«Sánchez ha anunciado que se endurecerá la regulación para perseguir el fraude pero sin dar detalles al respecto», critican desde Facua
Desde Facua también han destacado que están «a la espera de que el Gobierno concrete de qué manera va a endurecer la regulación que persiga el fraude de los alquileres, algo que también ha anunciado el presidente sin dar ningún detalle al respecto», critican desde la asociación.
Así, Facua ha pedido la fijación de un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan prácticas abusivas tendrían que abonar a los inquilinos que las denuncien, y la prohibición de incrementar su precios por encima del IPC cuando cambien de inquilino o hagan firmar a éste un contrato nuevo.
También reclama la asociación el reconocimiento del inquilino cómo consumidor, de manera que los abusos cometidos por los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo.
Facua pide medidas contundentes para controlar el fraude
Otra de las reivindicaciones de Facua es la referida a los mecanismos de control del Fraude. Sánchez ha anunciado la creación de un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales puedan reforzar las inspecciones, y desde la asociación piden dos medidas.
Por un lado, la coordinación de protocolos de inspección con las comunidades autónomas para revisar de forma aleatoria los contratos de alquiler depositados en las autoridades responsables del control del pago de las fianzas y emprender acciones sancionadoras contra los arrendadores que incurran en cláusulas abusivas.
Y por otro, la puesta en marcha de un plan de inspección al sector inmobiliario en coordinación con las autoridades autonómicas de consumo para vigilar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la ley de arrendamientos urbanos y la legislación en materia de consumo.