El Gobierno de España, a través de la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha rechazado categóricamente el auto emitido por el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, en relación con la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su presunta implicación en la filtración de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un documento en el que el magistrado ha citado a García Ortiz como imputado, asegurando que el correo electrónico filtrado tuvo “salida” en la Fiscalía General del Estado y “destino” en la Presidencia del Gobierno, desde donde se habrían realizado “gestiones” para su publicación en el medio de comunicación El Plural.com.
En este sentido, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Alegría calificó las afirmaciones del juez Hurtado como “elucubraciones”, subrayando que “no hay ninguna base documental” que respalde que la filtración haya sido orquestada desde la Presidencia del Gobierno. “Me va a permitir que no opine o no valore elucubraciones, porque son elucubraciones. No hay ninguna base documental. Estamos en un Estado de Derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios, y aquí no los hay”, declaró la portavoz, expresando su rechazo a las conclusiones “infundadas” del magistrado.
Asimismo, a pesar del agravamiento de la situación judicial de García Ortiz, quien deberá declarar como imputado ante el Tribunal Supremo el próximo 29 de enero, la ministra reiteró el apoyo total del Gobierno al fiscal general. “Vaya por delante de nuevo la confianza y el apoyo absoluto del Gobierno al fiscal general del Estado”, afirmó Alegría, asegurando que desde Moncloa no comprenden ni comparten la decisión del juez de imputar a García Ortiz, tomando en cuenta que no existen “pruebas concretas” que lo señalen como responsable de los hechos investigados.
Del mismo modo, la ministra insistió en que “el origen del delito está donde está, y está en la pareja de la señora Díaz Ayuso”, recordando que hace casi un año el abogado de González Amador reconoció que este había cometido dos delitos fiscales, y que a día de hoy el implicado aún no ha declarado ante la justicia. Además, Alegría acusó al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de utilizar “todos los recursos y amenazas” para proteger a la presidenta madrileña y a su pareja.
“Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están, que es en el jefe de gabinete de la señora Ayuso”, sentenció la ministra, exigiendo a la presidenta madrileña y a su entorno “menos política hiperventilada y más explicaciones”.
Por último, cuestionada sobre la posible apertura de un juicio oral contra García Ortiz, Alegría evitó comentar sobre escenarios futuros, limitándose a asegurar que el Gobierno siempre apoyará “al que persigue el delito y no a quien lo comete”. “Ante un futurible me permitirá que sea prudente. Lo que sí le puedo garantizar es que este Gobierno siempre va a apoyar al que persigue el delito y no a quien lo comete. Vaya por delante de nuevo la confianza y el apoyo absoluto del Gobierno al fiscal general del Estado”, afirmó la ministra.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respaldó el reconocimiento que realizó el juez Hurtado sobre la “imparcialidad y objetividad” con la que procede la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Por supuesto que respaldo todos y cada uno de los informes de la UCO y del resto de unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional”, afirmó Marlaska, aunque lamentó que dichos informes sean “interpretados de forma diferente por determinadas instituciones y determinados colectivos”.
“Me llama la atención que, en casos muy significativos y que ustedes conocen, informes de la propia UCO diciendo que no hay la comisión de ningún delito, que no hay ningún indicio, pues parece ser que no han sido suficientes para la autoridad judicial”, subrayó el ministro del Interior, en alusión al caso de Begoña Gómez y a la determinación del juez Juan Carlos Peinado de continuar con las indagaciones, a pesar de que el informe inicial de la UCO, emitido durante el verano, no identificaba señales de delito en las adjudicaciones públicas relacionadas con las empresas de Barrabés.
De modo que, una vez más, el Gobierno cierra filas en defensa del fiscal general del Estado, dejando claro que no cederán bajo ningún concepto ante lo que consideran como una instrumentalización política del poder judicial. Una postura que coincide con lo argumentado por el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, quien ha exigido la “dimisión inmediata” de Ayuso y ha respondido con ironía a la comparación que la presidenta madrileña realizó entre el caso del fiscal general del Estado y el escándalo norteamericano del “Watergate”, asegurando que el único escándalo es el “Whiskygate» de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.