La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este miércoles que “todos los poderes del Estado y todos los ministros” están “muy centrados” en “intentar destruir” a su pareja, Alberto González Amador, quien se encuentra bajo investigación por un presunto fraude fiscal.
“Debe ser la única inspección fiscal que hay en España, porque veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello con sus medios. Quiero ver la factura de Begoña Gómez y del entorno del presidente, y saber qué instituciones están al servicio de los mismos para protegerlos”, afirmó la presidenta madrileña, luego de que la Fiscalía haya solicitado ampliar la investigación contra su pareja por el presunto pago de una “comisión encubierta” a la esposa del presidente de Quirónsalud.
En este sentido, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ayuso acusó al Gobierno central de “atropellar diariamente” el Estado de derecho, atacando a jueces y adversarios políticos, y desmantelando las instituciones democráticas para garantizar su permanencia en el poder. Además, la presidenta madrileña dedicó duras palabras al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asegurando que “en lugar de defender al Poder Judicial y a los jueces”, el ministro se dedica a «atacarlos» constantemente.
“Una dictadura no entra de un día para el siguiente, no se activa un botón y ya estamos en dictadura. Va poco a poco carcomiendo las instituciones, los contrapesos, de manera que no nos vayamos dando cuenta, que no dé tiempo a analizar todos los escándalos que suceden, que nos vayamos acostumbrando a que todo lo que pasa en España es normal, que poco a poco el mundo de la cultura se vaya rezagando y callando, y que si levantas la mano solo sea para decir que estás con el Gobierno”, alertó Ayuso, denunciando la “campaña sin tregua” que Sánchez está llevando a cabo contra la justicia independiente y contra los medios de comunicación, que son «perseguidos, cuestionados y dilapidados».
“Cuando nos queramos dar cuenta, un buen día, todos aquellos que han cometido graves delitos, ya sea por el ‘procés’ en Cataluña, por los ERE de Andalucía o en el País Vasco, con temas relacionados al terrorismo, estarán en la calle; todos los jueces que hayan osado hacer su trabajo van a ser los perseguidos; todos los periodistas que hayan osado denunciarlo serán puestos fuera de la carrera periodística, y así suma y sigue”, sentenció la dirigente autonómica, asegurando que, si España continúa por este camino, llegará el día en que “no habrá institución a la que recurrir, ni medio de comunicación al que pedir amparo para denunciarlo”.
Ayuso ve en la “Ley Begoña” una “especie de amnistía preventiva” para el entorno de Sánchez
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Dentro de este panorama de desmantelamiento institucional, Ayuso también cargó contra la propuesta del PSOE para limitar las acusaciones populares, afirmando que se trata de una “especie de amnistía preventiva” para la familia y el entorno de Pedro Sánchez. En este sentido, la presidenta denuncio con especial preocupación que la reforma, conocida entre las filas del Partido Popular como la ‘Ley Begoña’, pretende “expulsar” a partidos políticos, asociaciones y fundaciones de la acusación popular, para así “atar las manos a los jueces” y debilitar la capacidad de la ciudadanía y de sus representantes de actuar frente a presuntas irregularidades del Gobierno.
“Al igual que en una dictadura, esa defensa de los intereses personales de un grupo de gobernantes inmersos en diferentes causas judiciales se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la Constitución y el menoscabo de las instituciones que deben estar a su servicio”, afirmó la líder regional, asegurando que esta maniobra del Ejecutivo tendrá “consecuencias muy graves que van más allá de la impunidad que se busca para el entorno personal y político del presidente”.
Del mismo modo, Ayuso acusó al Gobierno de querer acabar “con una institución jurídica de historia centenaria en España” y de “eludir los dictámenes del Consejo de Estado, del Poder Judicial y otros órganos afectados” con el objetivo de “blindarse y mantenerse en el poder”. “Sánchez sabe que, si convoca elecciones, va a tener que irse, y por eso da un golpe en el tablero, para dejar sin castigo sus actos y para asegurarse de la impunidad futura. Nos encontramos ante un golpe a la Constitución y la convivencia”, remarcó la presidenta.
Jueces, fiscales y políticos rechazan la reforma del PSOE que limita las acusaciones populares