La Mesa del Congreso, controlada por el PSOE y Sumar, ha vuelto a aplazar la decisión sobre la tramitación de la proposición no de ley presentada por Junts, que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, someterse a una cuestión de confianza para medir el respaldo que conserva en la Cámara. Esta es la segunda vez que el Gobierno aplaza la propuesta desde que fue registrada el pasado 9 de diciembre, con el objetivo de ganar tiempo para seguir negociando con Puigdemont las condiciones bajo las cuales aceptaría desistir de su propuesta.
En este sentido, aunque el informe de los letrados del Congreso no presenta obstáculos para la admisión de la iniciativa, el órgano de Gobierno de la Cámara, liderado por Francina Armengol, ha justificado el nuevo aplazamiento argumentando que se trata de un asunto “jurídicamente complicado” que sentará precedente para futuras ocasiones, por lo que prefieren no tomar una decisión precipitada.
Asimismo, fuentes de la Presidencia del Congreso sostienen que “no hay prisa” para tomar una decisión, ya que, aunque la iniciativa se admitiera a trámite en este momento, Junts no tendría cupo para llevarla al Pleno hasta mediados de febrero, cuando inicie el nuevo periodo de sesiones. Además, estas mismas fuentes recuerdan que, al ser una proposición no de ley cuyo cumplimiento no es vinculante para el Gobierno, no hay una verdadera urgencia por tramitarla.
Tensiones internas en el Gobierno de coalición
A pesar de que la naturaleza no vinculante de la proposición convierte su utilidad en meramente simbólica, lo cierto es que el Gobierno teme por el impacto político que pueda generar, ya que, si la iniciativa de Junts es admitida a trámite, es probable que reciba el respaldo del PP y Vox, generando un amplio apoyo a una moción que, aunque carece de efectos prácticos, podría poner en riesgo la estabilidad del Ejecutivo.
Es por esto, que detrás de este aplazamiento disfrazado de cuestión jurídica, subyace un importante debate dentro del propio Gobierno sobre si resulta más conveniente admitir a trámite la proposición de Junts, que tiene altas probabilidades de ser aprobada, o si es preferible impedir su discusión en el Congreso, aunque ello implique cercenar el debate político y enfrentar las amenazas de los independentistas catalanes, cuya colaboración es crucial en temas como la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.
Bajo este contexto, fuentes parlamentarias aseguran que desde hace varias semanas el PSOE ha manifestado su intención de bloquear la tramitación de la iniciativa a toda costa, argumentando que viola el reglamento porque implica instar al presidente a tomar una decisión que le corresponde exclusivamente. No obstante, dentro de Sumar, las opiniones parecen estar bastante divididas, ya que algunos sectores como Compromís apuestan por la posibilidad de permitir el debate, mientras que otros como IU prefieren alinearse con los socialistas y vetar la propuesta.
La reacción pendiente de Junts
Por su parte, desde Junts no ha habido una reacción inmediata al aplazamiento, lo que sugiere que los independentistas no plantearán grandes inconvenientes. Sin embargo, fuentes parlamentarias anticipan que la dirección del partido, encabezada por Carles Puigdemont, evaluará la situación en una reunión programada para mañana en Bruselas. Un encuentro en el que la cúpula del partido decidirá si aceptan este retraso como parte del proceso negociador o si, por el contrario, lo ven como un desafío que podría llevar a una ruptura con el Gobierno.
El Gobierno insiste en que la moción de confianza es competencia exclusiva del presidente