El evento, anunciado en redes sociales, especificaba en su reglamento: «No peleas, drogas, gorras, chanclas y maricones», junto con la advertencia de que «la dirección se reserva el derecho de acceso». Estas palabras desataron una oleada de críticas tanto en la comunidad LGTBI como entre vecinos y usuarios de redes sociales, que lo calificaron de acto abiertamente homófobo.
Defensa de los derechos LGTBI
Entre las reacciones más destacadas estuvo la de Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, quien presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional. Además, diversos colectivos de defensa de los derechos LGTBI instaron a las autoridades a actuar con rapidez.
Tras la denuncia, la Policía Nacional inició una investigación, mientras que la Fiscalía de Málaga abrió diligencias para analizar posibles delitos relacionados con la convocatoria de esta fiesta. Según informaron fuentes judiciales, las actuaciones se centran en dos posibles delitos:
- Delito de denegación de prestaciones del artículo 512 del Código Penal, que sanciona la discriminación en el acceso a servicios o actividades públicas.
- Delito de lesión a la dignidad del colectivo LGTBI, tipificado como acto discriminatorio.
La detención del organizador se produjo en el marco de estas pesquisas, y el caso continúa bajo investigación para determinar su alcance legal.
Sin autorización
Desde el Ayuntamiento de Torremolinos, se informó que no había ningún local autorizado para llevar a cabo este evento. Según explicaron, los promotores planeaban alquilar un espacio en la calle Cruz para organizar la fiesta, que habría sido clasificada como «actividad ocasional». Sin embargo, los organizadores no solicitaron ningún permiso administrativo y, tras la polémica, desistieron de celebrar la reunión.
El consistorio ha reiterado su compromiso con la defensa de la diversidad y los derechos LGTBI, recordando que Torremolinos es una localidad conocida por ser un referente en la lucha por la igualdad y la inclusión.
Debate discriminación colectivo LGTBI
La polémica ha reabierto el debate sobre la discriminación en espacios de ocio y la necesidad de reforzar las políticas contra la homofobia en España. Diversos colectivos han exigido medidas ejemplares para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Por su parte, la Policía Nacional continúa investigando posibles implicaciones legales de los implicados, mientras que la Fiscalía decidirá si se procede a formular cargos. El caso se mantiene como un recordatorio de que la discriminación por orientación sexual está penada por la ley y no tiene cabida en una sociedad que busca la igualdad de derechos.