Ábalos había solicitado la intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y de la Comisión del Estatuto del Diputado al considerar que ha sido víctima de una operación para desprestigiarle e incriminarle mediante la filtración de informes de la Unidad Central Operativa (UCO). En el contexto de la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo, el exministro denunció que se ha llevado a cabo una investigación sin respetar su condición de aforado.
Acusaciones de investigación prospectiva e irregular
En su petición, Ábalos afirmó haber sido sometido a una «investigación prospectiva» sin autorización judicial, con el objetivo de construir un relato que lo relacione con presuntos delitos en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. Según el exministro, esta operación estaría diseñada para influir en la opinión pública mediante filtraciones interesadas a medios de comunicación, con el propósito de «desprestigiar, deshumanizar e incriminar» su figura.
El exministro sostuvo que estas «interferencias» han perjudicado su labor como parlamentario, al violar las garantías de su aforamiento. Por ello, reclamó que la Cámara instara al Ministerio del Interior a realizar una auditoría sobre el uso de bases de datos relacionadas con su persona.
La negativa de la Mesa del Congreso a Ábalos
No obstante, fuentes parlamentarias han confirmado que la Mesa del Congreso concluyó que no ha habido ningún incidente que afecte a la inmunidad parlamentaria de Ábalos. El órgano señaló que, hasta la fecha, el exministro no ha sido detenido, procesado ni privado de su libertad, elementos esenciales para considerar vulnerado su estatus como diputado.
Además, desde el Congreso se argumenta que las acusaciones de Ábalos, aunque graves, no presentan pruebas suficientes que justifiquen la adopción de medidas extraordinarias, como las reclamadas auditorías o la solicitud de explicaciones al Ministerio del Interior.
Contexto: el ‘caso Koldo’ y el suplicatorio
El Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio para investigar al exministro por su presunta implicación en el ‘caso Koldo’, relacionado con el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación de contratos públicos en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ábalos ha negado reiteradamente las acusaciones y considera que todo forma parte de una campaña dirigida a perjudicarle políticamente.
Mientras tanto, el Pleno del Congreso votará el próximo 22 de enero si concede el suplicatorio, un trámite que se prevé aprobado, dado que la Comisión del Estatuto del Diputado lo respaldó por unanimidad. Este paso permitirá que el Supremo inicie formalmente la investigación contra el exministro.
La resolución de este caso plantea cuestiones sobre la protección del aforamiento parlamentario y las posibles consecuencias legales y políticas para Ábalos en un momento clave de su trayectoria.