Con 345 votos a favor y ninguno en contra, el Pleno del Congreso ha dado luz verde al suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al exministro José Luis Ábalos en relación con el denominado ‘caso Koldo‘, que señala presuntos delitos como cohecho, malversación y tráfico de influencias.
El debate, que se celebró en una sesión secreta según lo estipulado en el Reglamento del Congreso, precedió a la votación que respaldaron 345 de los 350 diputados que integran la Cámara. Ábalos, sin embargo, no estuvo presente en el hemiciclo ni participó en las votaciones previas de los decretos ley.
Una votación clave para el avance del caso
La solicitud de suplicatorio, presentada por el juez instructor Leopoldo Puente, había generado controversia después de que Ábalos pidiera aplazarla hasta que el Tribunal Supremo resolviera un recurso de súplica contra la medida. Sin embargo, la Presidencia del Congreso desestimó su petición, basándose en los informes de los letrados de la Cámara.
Durante el debate, intervinieron únicamente el presidente de la Comisión del Estatuto, Manuel Cobo, del PP, así como portavoces de Vox y el Grupo Popular. El portavoz del PP, Miguel Tellado, aprovechó su turno para hacer una crítica general sobre los casos de corrupción que afectan al Gobierno actual. El PSOE y el resto de los grupos parlamentarios optaron por no tomar la palabra.
Próximos pasos en la investigación a Ábalos
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, deberá notificar el acuerdo al Tribunal Supremo en un plazo máximo de ocho días, aunque se espera que lo haga antes de que finalice la semana. Esto permitirá que el juez instructor avance en la investigación sobre Ábalos, para quien ya se han identificado «indicios suficientes» de la posible comisión de al menos cuatro delitos, entre ellos integración en organización criminal y tráfico de influencias.
Un contexto de suplicatorios en la política española
El caso de Ábalos se suma a otros 34 suplicatorios concedidos por el Congreso desde 1988. En 2022, por ejemplo, se autorizó al Supremo a investigar a Alberto Casero, exdiputado del PP, por presunta prevaricación y malversación durante su etapa como alcalde de Trujillo. También se dio curso a los casos de Laura Borràs, expresidenta de Junts, y de Alberto Rodríguez, exdiputado de Podemos, cuyas investigaciones derivaron en condenas.
La aprobación de este suplicatorio supone un nuevo capítulo en la investigación del ‘caso Koldo’, que apunta a la supuesta red de tráfico de influencias y malversación vinculada al exministro socialista. A partir de ahora, la justicia podrá indagar en profundidad para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los implicados.