El rechazo del decreto ómnibus en el Congreso, que incluía las ayudas estatales al transporte público, ha provocado una respuesta inmediata en distintas comunidades autónomas y ciudades españolas. Regiones como Baleares, Madrid, Murcia, Barcelona, Santander, Vizcaya, Zaragoza, Tenerife, Álava y Vitoria han anunciado su intención de preservar las bonificaciones actuales mientras esperan conocer los próximos pasos del Gobierno central en esta materia.
En el caso de Baleares, el Govern ha asegurado que la gratuidad del transporte público autonómico se mantendrá pese a la derogación del decreto. Además, el Partido Popular ha adelantado que presentará en el Congreso una nueva propuesta para garantizar la aprobación de esta medida.
Bonificaciones en transporte público
Por su parte, la Comunidad de Madrid, a través de su gobierno autonómico, ha confirmado que, “de momento”, los descuentos en el transporte público bonificados al 60% seguirán vigentes. Sin embargo, el Ejecutivo madrileño ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con el compromiso de financiar estas reducciones tarifarias, subrayando que la responsabilidad principal debe recaer sobre el Estado.
En Cataluña, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona también ha asegurado que mantendrá los descuentos en las tarifas del transporte público, incluido el 20% aprobado previamente en el consejo del organismo. No obstante, han indicado que cualquier modificación en los precios será comunicada oficialmente.
La Región de Murcia, a través de su presidente, Fernando López Miras, ha informado de que la comunidad continuará aplicando la bonificación del 20% en los bonos multiviaje de transporte interurbano, medida que se sostiene dentro de sus competencias.
Pendientes de una solución estatal
El rechazo del decreto en el Congreso deja en el aire el futuro de las bonificaciones estatales, lo que ha generado incertidumbre en los usuarios del transporte público. Comunidades y ciudades afectadas han comenzado a evaluar alternativas para mantener estas ayudas de forma autonómica o local, mientras esperan un movimiento claro por parte del Gobierno central para resolver esta situación.
El impacto de estas ayudas se ha notado especialmente en regiones como Madrid, donde un abono mensual bonificado permite a los usuarios acceder al transporte público por 32,8 euros, en lugar de los 82 euros que costaría sin la ayuda estatal.
Con este contexto, los próximos días serán decisivos para determinar cómo se financiarán estas medidas y si se aprobará una nueva propuesta que permita aliviar el coste del transporte público para millones de ciudadanos.