El Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del Gobierno de nombrar a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado, tras rechazar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). En su sentencia, la Sección Cuarta de la Sala Tercera ha analizado uno a uno los argumentos de la asociación y ha concluido que no existe fundamento suficiente para cuestionar la idoneidad del nombramiento efectuado mediante el Real Decreto 1182/2023, de 27 de diciembre.
Amplio margen de discrecionalidad del Gobierno
La sentencia destaca que el artículo 124.4 de la Constitución Española otorga al Gobierno un amplio margen de discrecionalidad para nombrar al Fiscal General del Estado. Este margen, aunque acotado por el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, no limita la facultad constitucional del Ejecutivo. El Tribunal subraya que el examen judicial de la idoneidad del candidato debe ser prudente para no interferir en la capacidad discrecional del Gobierno.
Según el fallo, los hechos presentados por la APIF no demuestran que García Ortiz haya incurrido en un incumplimiento grave y reiterado de sus funciones durante su primer mandato como Fiscal General del Estado, entre julio de 2022 y diciembre de 2023. Además, la sentencia aclara que las actuaciones concretas en materia de personal o la declaración de nulidad de actos administrativos no son suficientes para determinar la falta de aptitud para el cargo.
Argumentos desestimados hacia el fiscal por el Tribunal
La APIF alegaba que García Ortiz había incumplido gravemente sus funciones, basándose en algunas decisiones que habían sido declaradas ilegales judicialmente, incluso por desviación de poder. Sin embargo, el Supremo considera que estas decisiones puntuales no constituyen un patrón de incumplimiento que afecte a las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal.
El tribunal enfatiza que la anulación de actos administrativos no implica, por sí misma, la inidoneidad del responsable que los dictó. Según la sentencia, las pruebas presentadas no tienen la entidad suficiente para justificar la nulidad del nombramiento ni para establecer que García Ortiz carezca de los requisitos necesarios para desempeñar el cargo.
Respaldo al Gobierno y cierre del recurso
Con esta decisión, el Tribunal Supremo pone fin a la controversia sobre la renovación de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado. La sentencia refuerza la posición del Gobierno, que mantiene su confianza en García Ortiz para liderar el Ministerio Fiscal.
El fallo concluye que, partiendo de las premisas expuestas por la recurrente, no existe base jurídica para invalidar el nombramiento, ratificando así la plena legalidad del proceso.