El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido este miércoles ante el Tribunal Supremo para defenderse de la imputación que pesa sobre él por la presunta filtración de correos electrónicos relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, fuentes jurídicas aseguran que, durante la hora y media de declaración, García Ortiz ha negado rotundamente cualquier implicación en la divulgación de información confidencial y ha cuestionado la investigación dirigida por el magistrado instructor Ángel Hurtado, calificándola como “invasiva”.
Bajo este contexto, el jefe del Ministerio Público ha asegurado que, en ningún momento, facilitó los correos electrónicos ni el expediente tributario de González Amador a ninguna persona, ni dentro ni fuera de la Fiscalía, y que tampoco dio instrucciones a terceros para ello. Además, ha subrayado que no posee constancia alguna de que la filtración se produjera desde la Fiscalía General del Estado o desde la Fiscalía Provincial de Madrid, negando que existiera intención alguna de perjudicar al empresario o de obstaculizar el acuerdo que éste negociaba con la Agencia Tributaria.
Adicionalmente, el fiscal general ha rechazado la versión de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien, en su declaración como testigo, aseguró que el 14 de marzo, cuando le preguntó García Ortiz si había filtrado la nota de prensa que publicó la Fiscalía sobre el caso, este le respondió que “eso ahora no importaba” y que debía emitir el comunicado de inmediato.
En contraposición, García Ortiz ha ofrecido un relato cronológico de lo sucedido, remontándose al pasado 7 de marzo, cuando la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado le informó de que un periodista preguntaba sobre las negociaciones entre el Ministerio Público y González Amador. Habría sido entonces cuando García Ortiz contactó con Diego Villafañe, número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, para pedirle información sobre el caso. Una demanda a la que Villafañe habría contestado al día siguiente, trasladándole verbalmente los detalles de la causa.
Continuando con su relato, el fiscal general ha explicado que, desde entonces, no tuvo más conocimiento del asunto hasta el día 13 de marzo, cuando la propia Lastra lo llamó sobre las 20:00 horas para advertirle sobre la noticia publicada en El Mundo. De modo que, tras recibir una llamada de su jefa de prensa en la que le explicaba que El Mundo también aludía a un correo en el que aparecía el nombre del fiscal Julián Salto, García Ortiz habría llamado a Lastra para atajar la situación, coincidiendo con ella en la necesidad de emitir una nota de prensa para desmentir lo que ambos consideraban como un “bulo”.
No obstante, fuentes jurídicas aseguran que más allá del relato ofrecido, durante la comparecencia, García Ortiz se ha limitado a responder únicamente a las preguntas formuladas por su defensa, evitando pronunciarse ante el juez instructor y ante las acusaciones particulares. Mientras que la Fiscalía ha optado por no intervenir en el interrogatorio, a la espera de una resolución sobre la validez del registro realizado en su despacho el pasado mes de octubre.
En este sentido, uno de los puntos más álgidos de la declaración corresponde al momento en que García Ortiz se ha negado a contestar las preguntas de la defensa de González Amador, a la que ha reprochado haber omitido información relevante en su querella. En concreto, el fiscal general ha aludido al hecho de que el propio González Amador enviara el correo electrónico cuya filtración se investiga ahora en el Supremo al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
En la misma línea, García Ortiz ha cargado también contra el juez Ángel Hurtado, argumentando que el magistrado ha vulnerado su derecho de defensa al rechazar las diligencias solicitadas por su abogado y al fundamentar su pesquisa en una “certeza” previa que “le impide descubrir la verdad”. Todo ello en referencia al último auto emitido por el magistrado, en el que sugiere que las conclusiones de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) “aportan una información de peso” que viene a “apuntalar” la presunta implicación de García Ortiz en la filtración.
Asimismo, en referencia a la polémica por la ausencia de mensajes encontrados en los dispositivos incautados por la UCO, García Ortiz ha subrayado que en los últimos cuatro años ha cambiado seis veces de teléfono móvil y que, por seguridad, borra regularmente su contenido, ya que maneja información “sensible” vinculada a causas penales. Un hecho que, pese a las explicaciones de la Fiscalía, sigue generando grandes dudas, lo que ha llevado al juez Hurtado a solicitar a WhatsApp y a Google la recuperación de posibles registros.