La Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia ha presentado una querella en los Juzgados de Instrucción de Valencia contra cinco miembros del Gobierno de Carlos Mazón y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Esta acción llega este 29 de enero, cuando se cumplen tres meses de la tragedia. En la rueda de prensa tras la presentación de la misma, el presidente, Christian Lesaec, ha incidido en el «desamparo» y «soledad» que continúan sufriendo por parte «de todas las administraciones ya que todos los afectados suponíamos que habría una movilización masiva de los recursos del Estado y del gobierno autonómico y no fue así».
Con la presentación de esta querella criminal, la mayor presentada hasta la fecha, se busca conocer de manera exhaustiva los hechos previos al día 29 de octubre, así como los posteriores, ha explicado Manuel Hernández, CEO de Vilches Abogados, bufete que defiende a la asociación en este proceso. En la querella existe una investigación tanto del bufete como de la asociación y está estructurada en 70 páginas, con hechos detallados que sustentan la misma, además de otros 37 documentos que la acompañan.
Con cien querellantes, residentes de los pueblos afectados, ésta se dirige a Salomé Pradas, consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana en aquel momento y Emilio Argüeso, secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Alberto Javier Martín, director general de Emergencias, Jorge Suárez, subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), Inmaculada Piles, jefa del servicio de Emergencias, así como al propio Polo. Contra ellos van los presuntos delitos de homicidio imprudente, delito de lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro. En esta causa, no se incluye como acusado a Mazón, president de la Generalitat, al tener condición de aforado por su cargo, aunque se ha solicitado para él la declaración testifical y a resultas de la instrucción «se podría presentar denuncia contra el presidente de la Generalitat ante el órgano pertinente».
La querella viene a reclamar, además de la sanción punitiva penal una responsabilidad civil, por lo que pueden ser sancionados económicamente. El homicidio imprudente tiene hasta cuatro años de pena de prisión, y las lesiones, hasta tres años.
«El objetivo de esta querella es que se abra un procedimiento judicial para depurar las responsabilidades que tuvieron los querellados. La información aportada demostraría que a las 15 horas los querellados contaban con datos suficientes para haber activado el sistema ES-Alert, y que por causas que se desconocen, y que no se han explicado a la población, esa alerta se envía a las 20:11 horas cuando ya el caudal del barranco del Poyo y el río Magro estaba completamente desbordado y habían llegado las riadas a las poblaciones», explica Hernández.
Para las más de cien familias querellantes no resulta creíble el relato de la imprevisibilidad. En este sentido, han hecho mención a los avisos de la Aemet ante los episodios que se preveían esos días, además señalan la existencia de estudios sobre la posibilidad de inundaciones en esas zonas y sobre la falta de limpieza en los barrancos. Además de que «no se sintieron amparados y hubo omisión del deber de socorro», señala el abogado.
«La falta de previsión, unido a la inacción y a la actuación tardía final hicieron que la población de esos municipios siguiéramos haciendo vida normal sin ser conscientes de la situación que estaba a punto de sobrevenirnos», lamenta Lesaec. El propósito que demuestra la asociación con esta querella es claro: hacer justicia y que un episodio así no vuelva a suceder. «No podía quedar impune”, ha indicado Lesaec.
Se muestran «felices» por el inicio del proceso, pero tres meses después, la situación sigue siendo de afectados por la DANA, con «pueblos fantasma» y gente que aún vive con «angustia». Ha señalado también la «situación de incertidumbre» que se continúa viviendo. Ante las preguntas, Lesaec ha apuntado que nadie de la Administración se ha puesto en contacto con ellos.
