El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha respondido al consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, después de que este le llamara «loco comunista» por la sanción impuesta a la aerolínea. Bustinduy ha señalado que el directivo «transmite cierto nerviosismo» y que sus declaraciones «forman parte de una estrategia de presión o chantaje».
El conflicto surge tras la multa superior a los 100 millones de euros impuesta por la Secretaría General de Consumo a Ryanair debido a los recargos por el equipaje de mano y otras prácticas consideradas abusivas. Esta sanción, anunciada en noviembre de 2024, afecta también a otras cuatro aerolíneas de bajo coste, sumando un total de 179 millones de euros en multas.
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«No creo que todas estas instituciones sean locos comunistas»
En declaraciones a ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta, Bustinduy ha defendido que las sanciones están respaldadas por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por el Parlamento Europeo y por la legislación española.
«No creo que todas estas instituciones sean locos comunistas. Lo que hacemos es hacer cumplir la ley», ha subrayado el ministro. Según Bustinduy, lo que pretende la aerolínea es «que la ley se adapte a sus intereses y a su modelo de negocio, cuando debe ser al revés».
El titular de Consumo también ha recordado que Ryanair tiene derecho a recurrir la sanción ante la Justicia y la Unión Europea, aunque ha advertido que su Ministerio «no se va a amedrentar» y seguirá defendiendo la legalidad «con todo rigor en defensa de los consumidores».
Multa histórica a las aerolíneas de bajo coste
La sanción impuesta a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea, que asciende a 179 millones de euros, es el resultado de una investigación iniciada en 2023 por la Dirección General de Consumo. Se trata de la primera vez que el Gobierno español dicta sanciones «muy graves» en materia de consumo, después de adquirir competencias sancionadoras en junio de 2022.
Las aerolíneas sancionadas deberán cesar de inmediato las prácticas que han motivado la multa, entre ellas:
- Cobrar un recargo por el equipaje de mano en cabina.
- Aplicar sobrecostes a pasajeros dependientes y sus acompañantes por reservar asientos juntos.
- No permitir pagos en metálico en los aeropuertos.
- Imponer una tasa por imprimir la tarjeta de embarque.
El importe de la multa se ha calculado en función de los beneficios obtenidos ilegalmente por las aerolíneas con estas prácticas abusivas, tal y como establece la normativa de Consumo.
Con esta decisión, el Gobierno busca proteger los derechos de los pasajeros y poner fin a prácticas comerciales abusivas que llevan años afectando a los viajeros de las aerolíneas de bajo coste.