La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha negado ante el Tribunal Supremo haber filtrado información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Según detallan fuentes jurídicas, Rodríguez ha asegurado ante el juez instructor Ángel Hurtado que en ningún momento facilitó a nadie ajeno a la Fiscalía ni los correos electrónico ni el expediente tributario del empresario, insistiendo así en que solo remitió la documentación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en cumplimiento de la obligación de dación de cuentas que establece el Estatuto Fiscal.
No obstante, durante su declaración, Rodríguez ha subrayado que al menos 60 personas dentro de la Fiscalía tuvieron acceso al correo electrónico que el abogado de González Amador envió el día 2 de febrero de 2024 al fiscal de delitos económicos de Madrid, Julián Salto, en el cual el empresario se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo. Una cifra que la fiscal ha desglosado, detallando que al menos 12 fiscales y 4 funcionarios de la sección de Delitos Económicos tenían acceso al mensaje a través del correo genérico de la sección.
Además, Rodríguez ha asegurado que el correo en cuestión permaneció encima de la mesa de Salto durante 20 horas en un despacho compartido y sin llave, al que pudieron acceder un número indeterminado de personas. De modo que a esta cifra indefinida se suman también los 27 fiscales y 11 funcionarios de otras especialidades que trabajaban en la misma planta, así como el teniente fiscal y su secretaria.
Bajo este contexto, la fiscal ha confirmado que tanto ella como el teniente fiscal y los cuatro funcionarios adicionales de la jefatura de la Fiscalía Provincial de Madrid también tenían acceso al correo genérico, alcanzando así un total de 60 personas. Una larga lista a la que Rodríguez añade, además, a aquellos tercer con los que el propio empresario y su abogado pudieron haber compartido el mensaje.
En este sentido, Rodríguez ha reconocido que en la Fiscalía estaban al tanto de que algunos periodistas tenían conocimiento de la investigación en torno a la pareja de Díaz Ayuso desde el día 6 de marzo de 2024, asegurando que fue entonces cuando supo que González Amador formaba parte del entorno cercano de la presidenta madrileña.
La nota de prensa de la Fiscalía y la orden del fiscal general
En relación con la nota de prensa que la Fiscalía publicó el 14 de marzo para desmentir la información publicada por El Mundo, Rodríguez ha explicado que la noche anterior el fiscal general le ordenó que solicitara a Salto los correos intercambiados con el abogado del empresario y que se los enviara a su correo personal. Una petición que, según explicó la fiscal, no le resultó extraña, ya que consideraba que García Ortiz podía no tener acceso a su correo institucional a esas horas de la noche.
Además, Rodríguez ha asegurado que tampoco le extrañó la urgencia con la que el fiscal general reclamó los correos, dado que entendía que era necesario atajar las informaciones que se estaban publicando, consideradas por la Fiscalía como “bulos”. Sin embargo, la imputada ha insistido ante el juez en que ella no participó en la redacción de la nota de prensa, sino que simplemente se limitó a confirmar que el contenido coincidía con los correos recibidos, sin llegar a cuestionarse sobre la confidencialidad de los datos incluidos.
Por otra parte, en relación al mensaje recogido por la UCO en el que Rodríguez le decía a García Ortiz que la nota de prensa daba “ganas de incorporar un poquito de cianuro”, la fiscal ha justificado el comentario asegurando que fue un “desahogo” ante las dudas que se estaban sembrando sobre el trabajo de los fiscales.
La investigación del Tribunal Supremo y la imputación de Rodríguez
Asimismo, conviene recordar que, a pesar de que el Supremo descartó que la nota de prensa difundida por la Fiscalía revelara secretos sobre González Amador, Hurtado encontró “elementos suficientes” para imputar a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
En concreto, el magistrado ha destacado el hecho de que Rodríguez se pusiera “a disposición de García Ortiz” y que fuera la persona que entregó el expediente de González Amador –posteriormente publicado por eldiario.es– al fiscal Ignacio Villafañe. Todo ello sin mencionar que, además, fue quien remitió el polémico correo del 2 de febrero a la Fiscalía General del Estado.
A este respecto, Rodríguez ha sostenido que efectivamente se puso “a disposición de García Ortiz”, pero con la única intención de informarle de que estaba disponible para hablar, subrayando así que facilitó el expediente del empresario al fiscal general del Estado en cumplimiento de su obligación de dación de cuentas hacia su superior jerárquico. Adicionalmente, la fiscal provincial ha negado que Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, le reprochara haber enviado los correos a García Ortiz o le advirtiera sobre una posible filtración.
Por último, en lo que respecta a la eliminación de mensajes por parte de la Fiscalía, Rodríguez ha hecho referencia al protocolo de borrado de información mencionado por el fiscal general. No obstante, ha desmentido haber cambiado de dispositivo móvil recientemente y ha añadido que, a pesar de lo establecido en la instrucción de protección de datos de 2019, la conservación de ciertos correos electrónicos resulta esencial para el desarrollo de las actividades diarias de la Fiscalía.