La Audiencia Nacional acaba de procesar de nuevo a un grupo de jefes de ETA (José Javier Arizcuren, Ignacio Gracia Arregui, Miguel Albisu, Julián Achurra y Juan Luis Aguirre) por su responsabilidad al frente de la banda terrorista en la ejecución del asesinato del que fuera dirigente del PP vasco Gregorio Ordóñez.
Se trata del cuarto procesamiento de miembros de la cúpula de ETA que ordena la Audiencia Nacional por investigaciones promovidas por Dignidad y Justicia tras los de los casos Miguel Ángel Blanco, Santa Pola y Francisco Arratibel. Los informes de Guardia Civil y Policía Nacional aportados en la causa de lesa humanidad y solicitados por Dignidad y Justicia permitieron a los investigadores averiguar quiénes estaban al mando cuando se cometieron algunos asesinatos.
Estos informes permitieron reabrir causas como la de Gregorio Ordóñez con el fin de acusar judicialmente no tanto a quienes apretaron el gatillo como a aquellos que tenían el dominio de la organización y, por lo tanto, pudieron haber evitado el atentado.
La estrategia de ETA contra concejales del PP en el País Vasco
El asesinato de Gregorio Ordóñez, como los de Miguel Ángel Blanco y Pedrosa Urquiza -este último, aún en fase de instrucción-, se enmarcan además dentro de la estrategia que ETA puso en marcha contra concejales del Partido Popular en el País Vasco entre 1995 y 2005.
La banda terrorista pretendía a través de estos crímenes intimidar a un grupo de personas que pensaba diferente con el fin de que todas o la mayoría de ellas abandonaran el territorio y reducir así el censo electoral de votantes contrarios a sus postulados.
«Gregorio Ordóñez era un líder valiente, ejemplar, que no se dejó amedrentar por las amenazas, un ejemplo para todos los demócratas, que siempre contó con el apoyo incondicional de su mujer y que ETA asesinó para trasladar el mencionado aviso intimidatorio y de terror al resto de concejales», recuerdan desde Dignidad y Justicia.
No en vano, el PP tuvo muchos problemas para encontrar ediles que pudieran presentarse a los procesos electorales regionales y locales porque los candidatos se iban atemorizados del País Vasco.
Dignidad y Justicia quiere demostrar la persecución que sufrieron los miembros del PP por parte de ETA
Las acusaciones ejercidas por Dignidad y Justicia en estos casos pretenden demostrar que los miembros del PP sufrieron persecución, amenazas, extorsiones, secuestros, asesinatos, atentados y en definitiva crímenes contra la humanidad por defender unas ideas diferentes a las que pretendía imponer ETA.
Bildu no ha condenado jamás el asesinato de Gregorio Ordóñez ni el de Miguel Ángel Blanco ni el de ningún otro concejal del PP, del PSOE o de cualquier otro grupo civil, policial o militar. Sí apoya, sin embargo, al Gobierno de Pedro Sánchez, que pidió el archivo de la causa de Miguel Ángel Blanco y ejerce un papel pasivo en el resto de los procedimientos a través de su Fiscalía.
«Los tres procedimientos mencionados y otros cuatro más que apuntan a los jefes de ETA por el delito de autoría mediata por dominio de la organización han sido impulsados por Dignidad y Justicia gracias a la figura de la acusación popular que ejerce la asociación y que Pedro Sánchez pretende suprimir para evitar que los jueces investiguen a su mujer, Begoña Gómez; a su hermano, David Sánchez; a su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y al que fue su mano derecha, el exministro José Luis Ábalos», concluyen desde Dignidad y Justicia.